Así lo indicó el jefe de la Primera Dirección Territorial de Piura, Walter Rivera, quien se dirigió al lugar de los hechos junto a medio centenar de agentes después de que los representantes de la minera denunciaran la muerte de dos de sus empleados en este ataque, informó Radio Programas del Perú (RPP).
Una veintena de personas atacó con armas y bombas caseras el domingo por la mañana el campamento de Río Blanco en Carmen de la Frontera, una localidad cercana al límite con Ecuador.
La Policía constató que los agresores provocaron un incendio que afectó al 80 por ciento del campamento, donde había 14 empleados en el momento del ataque.
Los fallecidos, ambos por heridas de bala, fueron identificados como Luis Gómez y Joel Severino Zapata.
Los tres desaparecidos son el administrador del campamento y dos empleados.
El ministro peruano del Interior, Octavio Salazar dijo hoy a primeras horas de la mañana a RPP que "hay una serie de personas en contra de la explotación minera (en la zona)" y aseguró que la policía va a "descubrir quién es el autor".
El gerente general de Río Blanco Copper, Jian Wu, declaró a la misma emisora que desconoce las circunstancias en que se produjo el ataque, tras acotar que "no hay nada que haga suponer que es parte de la población".
Por su lado, el presidente peruano, Alan García, dijo hoy a los periodistas que se deberá "verificar y esclarecer debidamente en qué circunstancias se han producido esas muertes".
El jefe de Estado agregó que "existen muchos agitadores que están efectuando actos de violencia y quieren frenar las obras e inversiones" y que los ánimos se caldearán a medida que se acerquen las elecciones municipales y regionales, previstas para el próximo año.
La actividad minera en la zona ha sido motivo de disputas con los pobladores en los últimos años y en septiembre de 2007 se celebró una consulta popular no vinculante, donde un 95 por ciento votó contra el proyecto minero.
El proyecto Río Blanco, que anteriormente se llamaba Majaz, fue transferido en 2007 por la británica Monterrico Metals a la china Zijin, y supuso una inversión de 1.400 millones de dólares.
El gobierno peruano autorizó en 2003 que Monterrico llevara a cabo el proyecto denominado Río Blanco, pero la empresa no obtuvo el visto bueno de las comunidades afectadas, las cuales realizaron movilizaciones de protesta que terminaron con dos muertos en 2004.