La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tiene por objetivo "establecer mecanismos de prevención para erradicar ese tipo de maltratos y prácticas abusivas y lesivas a la dignidad humana", que se producen contra personas privadas de libertad, informó la institución.

Con su aprobación, la Asamblea se comprometió a "generar una activa participación de la sociedad en su conjunto" en "la firme decisión y obligación de desterrar la tortura" de Ecuador y del mundo, añade un comunicado del Legislativo.

El protocolo supone que, en el marco de Naciones Unidas, se organizara un subcomité encargado de realizar "un sistema de visitas periódicas, a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes, a los lugares en que se encuentran personas privadas de libertad, para prevenir la tortura".

El instrumento internacional aprobado cuenta con el dictamen favorable de la Corte Constitucional ecuatoriana y, según la legisladora Linda Machuca, con su suscripción, la Asamblea Nacional asume un "reto" para garantizar que "nunca más se repitan hechos de maltrato y se defiendan los derechos humanos".

Por otra parte, la Asamblea también ratificó hoy la participación de Ecuador en la Convención sobre Municiones de Racimo, después de que en diciembre de 2008 el Gobierno suscribiera dicho tratado internacional.

Esa convención determina que cada Estado firmante "se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de todas las municiones en racimo, en un plazo máximo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la Convención".

Además, obliga a asegurar que "los métodos de destrucción cumplan las normas internacionales aplicables para la protección de la salud pública y el medio ambiente".

La munición de racimo es "esencialmente un contenedor diseñado para dispersar o soltar múltiples submuniciones explosivas que se esparcen sobre áreas considerables", explica el texto del Legislativo.

Los restos de ese armamento en racimo "matan o mutilan a civiles, obstruyen el desarrollo económico y social, impiden la rehabilitación posconflictos y la reconstrucción y retrasan o impiden el regreso de refugiados y personas internamente desplazadas".

También "pueden impactar negativamente en los esfuerzos nacionales e internacionales de construcción de la paz y asistencia humanitaria, además de tener otras graves consecuencias que pueden perdurar muchos años después de su uso", añade.

A juicio del asambleísta Gabriel Rivera, además de las convenciones suscritas hoy, la política exterior de Ecuador "debería incluir la celebración de otros instrumentos que nos ayuden a luchar contra todo tipo de armas o bombas que sólo han servido para la destrucción masiva de personas inocentes".

Pidió que el Estado ecuatoriano, a través de sus autoridades, vele "celosamente por la observancia del Derecho Humanitario Internacional y por el desarme en todas sus formas, procurando motivar a los países del mundo, y en especial de la región, para que adopten políticas similares".