Correa, en su habitual informe semanal difundido hoy, señaló que no fue "buena" la oferta de Cimpor para adquirir la mayoría de acciones de la planta Cemento Chimborazo, que es propiedad del estatal Banco Nacional de Fomento (BNF) y que el Gobierno busca fortalecerla, ante el aumento de la demanda del producto en el país.
El mandatario recordó que la negociación con Cimpor fracasó, tras dos años de conversaciones, debido a que la firma portuguesa ofreció apenas 20,7 millones de dólares por la planta Cemento Chimborazo, valorada en entre 70 y 80 millones de dólares.
Tras desechar la propuesta de Cimpor, Correa dijo que ya ha dado la disposición para que el Ministerio de Industrias adquiera al BNF la planta.
Para que los empleados e indígenas puedan adquirir acciones de dicha planta, el Gobierno estudia la provisión de créditos blandos que les permitan acceder al negocio, aunque recordó que, en el caso de los campesinos, ellos han constituido un fideicomiso, con el aporte de sus miembros, para participar en el proyecto.
Además, el jefe del Estado aseguró que lo mismo ocurrirá con la planta Guapán, de propiedad del Instituto de Seguridad Social (IESS), que también será comprada por el Ministerio de Industrias, con la posibilidad de copropiedad de trabajadores y habitantes de la provincia andina de Cañar, donde se asienta la empresa.
Agregó que la política de cemento diseñada por su Gobierno establece un aumento de la oferta del producto en "al menos 1,5 millones de toneladas, en los próximos 40 meses", por lo que, además de mejorar el funcionamiento de las dos plantas estatales, se requerirá la construcción de otras nuevas.
Con la adquisición de Cemento Chimborazo y Guapán, el Gobierno prevé constituir un Consorcio Cementero Nacional, entidad que también emprenderá la construcción de las nuevas plantas, a través de contratos con firmas internacionales, bajo la modalidad "BOT", que supone construcción, administración y transferencia al Estado.
Correa recordó que existe un consorcio chino interesado en la construcción de nuevas plantas, por lo cual ellos las administrarán, pero la industria será estatal y, hasta un 49 por ciento, de los trabajadores y de los grupos sociales donde se asienten los proyectos.