Jiménez dijo al canal de televisión Ecuavisa que ha recibido amenazas que apuntarían a su "integridad física" y contra su familia, aunque no dio más detalles.
"Jamás vamos a temblar o tener miedo, en absoluto", remarcó el agente fiscal, que ha acusado a varios militares colombianos y al ex ministro de Defensa de ese país Juan Manuel Santos, por haber ordenado el ataque en territorio ecuatoriano, que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países.
En esa operación del Ejército colombiano contra un campamento ilegal de la guerrilla de las FARC construido en un sector de la selva ecuatoriana fallecieron unas 26 personas, entre ellas el jefe rebelde conocido con el alias de "Raúl Reyes", el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro estudiantes mexicanos.
Santos, así como el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, Freddy Padilla, han sido imputados en el proceso con cargos de homicidio y se ha solicitado la prisión preventiva de ellos, con fines de investigación, acción que Bogotá ha considerado como una "agresión jurídica".
Jiménez también vinculó en el caso al director de la Policía colombiana, Óscar Naranjo, y al ex jefe del Ejército Mario Montoya, contra quienes pidió la detención preventiva, solicitud que fue desechada ayer por el juez que sigue el caso, Francisco Revelo.
El magistrado insistió hoy en que la solicitud de detención "no reunía todos los requisitos", por lo que se inhibió de aceptar la sugerencia fiscal.
No obstante, señaló que esa decisión es parte de su actuación como juez de la causa y rechazó las insinuaciones del ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, que solicitó investigar sus antecedentes.
"No tengo ningún pasado oscuro", replicó el juez ecuatoriano, que también rechazó la sospecha de Silva de presuntas motivaciones políticas o de otra índole en sus decisiones judiciales.
Silva dijo hoy que ha "recomendado a las autoridades ecuatorianas que se haga una investigación sobre las motivaciones y los móviles que hay detrás de lo que ha hecho este juez y lo que viene haciendo".
"No tenemos ninguna injerencia política ni presión de nadie" y las acciones judiciales obedecen a que "estamos investigando el delito" cometido en Angostura, remarcó Revelo.
Las declaraciones de Revelo, Jiménez y Silva se dan en un momento en que los Gobiernos de Quito y Bogotá intentan afianzar un diálogo directo para tratar de recomponer la relación diplomática bilateral, rota dos días después del ataque a Angostura.
Ecuador consideró a esa operación, ejecutada sin aviso ni permiso, como una violación a su soberanía territorial, aunque Colombia justificó el ataque como una acción contra el terrorismo.