Pesántez indicó a periodistas que iniciará la investigación de oficio para esclarecer las denuncias de Jaime Solórzano, un ex empleado de la firma Invermun, propietaria de salas de casino en varias ciudades del país.

En las denuncias de Solórzano "existe más que una sospecha, existe una información de que se habría entregado dinero" a autoridades, sostuvo el fiscal.

"Vamos a investigar y vamos, si es necesario, a instruir; es decir, a iniciar un proceso más allá de una indagación pre-procesal", porque la denuncia implica un delito, agregó Pesántez.

El fiscal dijo que llamará a que rindan sus declaraciones "todas las personas que han sido mencionadas" por Solórzano, así como las que "tengan algo que decir en este proceso, a todas las que puedan contribuir al esclarecimiento de un hecho con características de un delito".

Solorzano, un ex empleado de Invermun, aseguró que esa firma supuestamente entregó dinero a varias autoridades, porque "necesitaba favores" de ellas para mantener y ampliar el negocio de salas de juegos de azar.

Según el denunciante, Invermun entregaba cantidades de entre 6.000 y 10.000 dólares para poder seguir con su operación y aseguró que dicha firma también financió la campaña electoral de Pierina Correa, hermana del presidente de la República, Rafael Correa.

En sus denuncias también ha involucrado, entre otras personas, al alcalde de la ciudad costera de Yaguachi, Daniel Abecilla, al legislador Gastón Gagliardo y al intendente de la provincia de Guayas, Julio Quiñónez.

Todos los involucrados por Solórzano son cercanos colaboradores de Correa o pertenecen al movimiento oficialista Alianza País, aunque ellos han negado las acusaciones y algunos amenazan con procesar al denunciante.

También está involucrado el ministro secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, quien ha iniciado un proceso penal contra Solórzano por injurias.