El diálogo comenzó la semana pasada por lo que se refiere a ese proyecto de ley al que se opone la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que teme la posibilidad de una privatización de los recursos hídricos y apoyó protestas callejeras por ese motivo que hace dos semanas dejaron un muerto y 40 heridos.

Soliz, secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana de Ecuador, aseguró que la "confusión" en lo que refiere a la supuesta privatización del agua "ya está superada", e insistió en que el establecimiento de una Autoridad Única del Agua "no significa eliminar la gestión comunitaria", tal y como afirmaban las comunidades indígenas.

No obstante, manifestó que "el agua es de todos, no sólo de las comunidades", que en virtud de la nueva ley serían las "gestoras prioritarias" de ese recurso.

"El agua es del Estado", subrayó.

Esta idea contrasta con la sostenida por los pueblos indígenas que consideran que el agua es de su propiedad al nacer de fuentes dentro de sus territorios ancestrales.

El diálogo entre representantes del Gobierno y de los indígenas se reparte en varias mesas de trabajo, una de ellas sobre la educación intercultural bilingüe, la cual, según Soliz, quedará instalada hoy.

Por otra parte, Soliz anunció que está previsto que hoy mismo empiece a trabajar la llamada "comisión de la verdad", establecida para investigar la muerte de un indígena durante las protestas contra el proyecto de ley de aguas.

Mañana, en Puyo (provincia amazónica de Pastaza), se empezará a discutir sobre las circunscripciones territoriales reclamadas por los indígenas.

Además, el próximo 28 de octubre el Gobierno se reunirá con las comunidades "shuar", etnia del indígena fallecido, en Sucúa (provincia amazónica de Morona Santiago) para acordar el "Plan de Vida" para ese pueblo, algo que el Ejecutivo pretende llevar a cabo "con cada nacionalidad", aseguró Soliz.

Al anunciar estos avances, Soliz insistió en que, por parte del Gobierno, "el diálogo no debe tener plazo", pero que ya "es hora" de que los sectores sociales "comprendan que no se puede confrontar con el todo o nada", y que tienen que estar "apegados a las reglas del juego" que dicta la Constitución.

Respecto a la ley de Minería, otro de los motivos principales de las protestas indígenas, Soliz explicó que el Gobierno pretende "poner orden" y eliminar el "clientelismo" y la relación directa de las comunidades con las empresas, para que sea el Estado quien asuma la responsabilidad.

"No se puede seguir diciendo no a la minería", añadió Soliz para quien esa postura "es irresponsable", y "lo único que no es negociable", pues se trata de "cambiar el modelo de desarrollo", agregó.