El secretario de Estado arribó a la ciudad de Macas a las 09.50 hora local (14.50 GMT) junto con la secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Doris Solis, y el secretario Ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), Carlos Viteri.

Tras su arribo, los funcionarios mantuvieron una reunión, a puerta cerrada, con las autoridades de la provincia, incluida la gobernadora, Sonia Ortega, "con el fin de delinear la estrategia del diálogo con el sector más radical de los indígenas", señala el periódico digital público El Ciudadano.

Añade que la delegación gubernamental prevé trasladarse a la localidad de Sucúa, donde continuarán acercamientos con el sector indígena de la provincia.

El Gobierno de Ecuador anunció ayer que una comisión de ministros viajaría hoy a Morona Santiago (sureste) para dialogar con los líderes de los indígenas de esa zona que mantienen una protesta contra la Ley de Recursos Hídricos.

El objetivo de la misión es intentar poner fin a la protesta en esa provincia, que ha dejado un indígena muerto, de la etnia Shuar, y 40 policías heridos en violentos enfrentamientos ocurridos el pasado miércoles.

El desplazamiento de la delegación a la Amazonía coincide con la apertura al diálogo que ha expresado la cúpula de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una antigua aliada del presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

"Procuraremos que se resuelva el paro que se mantiene en Morona Santiago y, al mismo tiempo, trabajaremos en una agenda conjunta que será sometida posteriormente a revisión, tanto de sus dirigentes como de nuestro Jefe de Estado", indicó ayer Carvajal al informar sobre el viaje.

Añadió que en la conversación con los dirigentes indígenas de Morona Santiago se discutirán los temas que puedan dar paso a la elaboración de "una hoja de ruta" para futuros diálogos con los líderes indígenas del pueblo Shuar, que se asienta en la zona.

La Conaie convocó, desde la medianoche del pasado domingo, a un levantamiento o huelga indígena en todo el país contra el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, por considerar que ese cuerpo legal podría dar paso a la privatización del agua, extremo negado por el Gobierno que, más bien, ha aclarado que lo prohíbe tajantemente.