El sondeo, cerrado el pasado 26 de septiembre sobre una muestra de 1.900 personas, señala que el 58 por ciento de los entrevistados califica la gestión de Correa entre "muy buena" y "buena", mientras que el 36 por ciento la tilda de "mala" y "muy mala", y el 4 por ciento prefirió no responder.

Según la encuesta, que dice tener un margen de error del 4 por ciento, la curva de aprobación a la gestión de Correa ha mantenido una caída durante el año, que comenzó con el 74 por ciento el 13 de enero pasado y bajó al 69 por ciento el 21 de marzo, al 59 por ciento el 20 de junio y al 58 por ciento el 26 de septiembre.

Un 23 por ciento de la población considera que lo mejor que ha hecho Correa es subir el monto de un Bono de Desarrollo Humano que entrega a los más pobres, y un 19 por ciento destaca el que haya ordenado la gratuidad en la educación pública.

Por contra, un 24 por ciento asegura que lo peor del Gobierno actual es "no generar fuentes de empleo", un 16 por ciento le reprocha el que no haya un mejor control de precios y un 15 por ciento la inseguridad y el aparente escaso combate a la delincuencia.

Sobre hechos de coyuntura en el país, SP Investigación y Estudios preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con el hecho de que el Gobierno sancione a ciertos medios de comunicación, a los que acusa de difundir informaciones falsas.

El 53 por ciento de los encuestados dijo que "está bien que se sancione" a los medios que difundan informaciones falsas, el 17 por ciento opinó que eso "depende" del contenido de las noticias y el 23 por ciento ratificó que "está mal" que se impongan sanciones.

Por otro lado, el 58 por ciento de los entrevistados rechazó la protesta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), el mayor sindicato del magisterio, que se opone a una reforma educativa impulsada por el Gobierno.

Sólo el 26 por ciento apoyó la medida de presión del gremio de docentes, que empezó hace un mes y que aún se mantiene.

La encuesta reveló, además, que un 37 por ciento rechaza y un 38 por ciento apoya el levantamiento del movimiento indígena contra un proyecto de Ley de Recursos Hídricos, al que achaca la posibilidad de que se privatice el agua, extremo negado tajantemente por el Gobierno