El gerente de la empresa Cosurca, Max Villavicencio, indicó que la consecuencia social por la terminación unilateral de los contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es la desocupación de aproximadamente 1.500 familias que trabajaban en los proyectos de la compañía.
“La empresa aún mantiene un número menor de trabajos, se ha tratado de ubicar a la mayor cantidad de gente (…) prácticamente no se puede mantener a todo el personal de trabajadores, sí se ha procedido a una liquidación de una forma progresiva”, acotó.
En una entrevista con un medio de comunicación nacional, mencionó que dicha empresa mantenía cuatro contratos con el Estado; la reconstrucción y mantenimiento de la vía Celica – El Empalme, reconstrucción de la vía Alamor- Zapotillo-Lalamor, construcción de un puente en Azuay, y un tramo de la troncal amazónica en consorcio con la constructora Carvallo.
Villavicencio explicó que la obra más grande, la reconstrucción de la vía Alamor-Zapotillo-Lalamor fue adjudicada a Cosurca cuando estaban a cargo de los anteriores accionistas, el resto de obras fueron concedidas bajo el sistema electrónico de concurso público.
Agregó que el costo de las obras es alrededor de 60 millones de dólares, al tiempo que dijo que las obras han sido ejecutadas hasta cuando el Gobierno permitió, no obstante, anunció que prácticamente no han sido canceladas las planillas.
“La empresa ha considerado iniciar ya una acción penal contra los funcionarios por retención indebida y lógicamente demandar la terminación unilateral, en función de que las obras fueron contratadas sin tener los rediseños definitivos”, puntualizó.
Fuente: CRE
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