Así lo denunciaron en rueda de prensa las ONGs Cáritas Española, Red Acoge y Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR), que se reunieron con grupos parlamentarios para presentarles sus enmiendas a la nueva ley de Extranjería. El Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento español) debatirá hoy la enmienda a la totalidad presentada por todos los partidos de la oposición para que el Gobierno retire el proyecto de ley. El secretario general de CEAR, Alfredo Abad, recalcó que aún hay margen y posibilidades para corregir aspectos que, a su juicio, limitan los derechos de los inmigrantes y "contradicen" las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia. Entre las enmiendas que plantean las ONGs está modificar la redacción del proyecto sobre el padrón; en sus actuales términos establece que cuando aparezca la palabra "residente" o "residencia" habrá que leer "autorización de estancia o residencia legal", explicó Ana Abril, representante de Cáritas. Ello implica -según Abril- que los extranjeros que no tengan una de estas autorizaciones, aunque esté documentado, no van a poder empadronarse y, asimismo, tiene "consecuencias sobre el acceso, por ejemplo, a la tarjeta sanitaria o a la educación". Begoña Santos, de Red Acoge, cuestionó la ampliación del tiempo que un inmigrante podrá ser retenido en un centro de internamiento, pues "no garantiza" la efectiva expulsión de la persona a su país de origen. Las enmiendas redactadas por estas ONGs exigen, además, modificaciones del proyecto de ley referidas a la reagrupación familiar, el acceso al derecho de justicia gratuita o a la vivienda.