La Unión Nacional de Educadores (UNE) ha rechazado esta evaluación por considerarla inadecuada y atentatoria a los derechos del docente; por lo que, recurriendo al derecho a la resistencia, contemplado en el Art. 98 de la Constitución, ha logrando que un apreciable porcentaje de educadores no asistan al llamado oficial. Así, mientras el gobierno ratifica su decisión de llevar adelante el proceso de mejoramiento educativo, la UNE protagoniza marchas masivas, una realizada ya en Guayaquil y otra anunciada para ser efectuada en Quito, la misma que también ejercerá presión sobre el Congresillo para que este admita las reformas presentadas por la UNE a la Ley de Educación que actualmente está en debate. Esta situación conflictiva en algún momento puede elevar el termómetro político-social, lleno de insatisfacciones generadas por las acusaciones de irregularidades en los escrutinios de las elecciones del 26 de abril, ante lo cual consideramos procedente la apertura del gobierno al diálogo, para que, sin desistir en su propósito, analice las propuestas que se presenten sobre la forma de evaluar a los profesores y la factibilidad de su aplicación. Especialmente si, como se quejan los maestros, los cuestionarios contemplan en algunos segmentos preguntas con alto grado de subjetividad, mientras que otras son de nivel de maestría, no fácil de responder por quienes no han cursado aun ese grado de preparación. Si el objetivo del gobierno es incrementar la calidad de la educación ecuatoriana, pues qué mejor que el entendimiento para viabilizar las acciones que permita llegar al objetivo indicado, sin medidas opresoras.