Son las preguntas que surgen luego del ultimátum que formuló el presidente Rafael Correa a los educadores que se resisten a rendir la evaluación interna que inició el lunes 25 de mayo para los del régimen Costa. Enérgico y desafiante, desde el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, Correa advirtió que el 25 de mayo firmó el decreto 1740, mediante el cual se sancionará con la destitución a los profesores que en segundo señalamiento en 30 días, no acudan a rendir las evaluaciones. Igualmente, hizo un llamado a los ciudadanos a unirse el viernes 29 de mayo en el parque Centenario de Guayaquil, "para demostrar la resistencia del pueblo ecuatoriano ante la mediocridad de cierta dirigencia del sector educativo”. Silencio Tras esa intervención, la presidenta de la UNE, Mery Zamora, dijo que "no le tememos al decreto. Es nulo, de nulidad absoluta". "Vamos a ratificar la defensa de los maestros y su estabilidad", agregó. Escenario legal Al respecto, el abogado constitucionalista, Marcial Alcívar, analizó los posibles escenarios legales, si se llega a la aplicación del decreto 1740, que esgrime el primer mandatario contra la rebeldía de los educadores. Según Alcívar, ninguna norma jurídica (decreto o acuerdo) está por encima de la norma Constitucional, refiriéndose al decreto Ejecutivo. Sin embargo, reconoció que “se pueden establecer causales de destitución, pero también debe aplicarse el debido proceso”. “Cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos constitucionales puede recurrir mediante un amparo para que se deje sin efecto cualquier disposición que lesione sus derechos”. En términos sencillos, “si los maestros que no se dejan evaluar son cesados en sus cargos, pueden interponer ante la Corte Constitucional un amparo de protección ordinario (cuando afecta a un individuo) o extraordinario (afecta a la colectividad), si el decreto vulnera la Constitución”. Según Alcívar, al intentarse evaluar a los docentes sí se estaría violado una norma constitucional, porque el artículo 346 de la Constitución establece que “existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación”. “Esa institución no ha sido creada, tampoco se ha dictado una ley que permita el desarrollo de la norma constitucional”, dijo. Precisó que el debido proceso que se debería aplicar es el sumario administrativo, que debe ser individual, lo que permitirá a cada maestro plantear una acción de protección que deje sin efecto la sanción. Este trámite puede durar de uno a seis meses con apelación, y hasta mientras, los maestros pueden trabajar y cobrar su sueldo. Si el fallo es adverso al maestro, éste podrá recurrir a una acción contenciosa y administrativa, que puede demorar uno o dos años, y si en esta instancia se demuestra que hubo vulneración al principio legal, ordenará la restitución y el pago de los meses de sueldos perdidos con intereses. Cordero descarta mediación Gobierno-UNE El presidente de la Comisión de Legislación, Fernando Cordero, descartó la posibilidad de convertirse en un vínculo de mediación entre el Gobierno y la Unión Nacional de Educadores (UNE), confrontados por las evaluaciones obligatorias a los maestros que comenzaron el lunes. “Ahí no hay diálogo que valga la pena. No me parece que se diga, quítennos la Ley y ahí sí hablamos. No hay como regatear la autoridad de un Ministro de Educación”, declaró Cordero tras negar que este proceso constituya amenaza a los docentes a quienes criticó por su negativa a la evaluación. El pedido a Cordero para que actúe de mediador para lograr entendimiento con el Ejecutivo, lo formuló el emepedista, Jorge Escala. “Yo no entiendo qué tengo que mediar”, reiteró Cordero al estimar que los profesores deben dejar esa resistencia a las pruebas.