"Por la contundencia del informe de Electroconsult (consultora italiana que ha realizado el peritaje para el Estado ecuatoriano) estimo que vamos a ganar esta demanda", dijo Glass en rueda de prensa. De acuerdo con el director del Fondo de Solidaridad, en el informe de la consultora se refleja que las obras técnicas de la hidroeléctrica San Francisco no fueron finalizadas y por ello, así como por los prejuicios que han causado la paralización y las reparaciones de la hidroeléctrica, el país interpone la demanda. Ante esas acusaciones, Odebrecht difundió hoy un comunicado en el que señala que la ejecución de las obras de la central hidroeléctrica, situada en el centro andino del país, se realizó "cumpliendo todas las especificaciones contractuales y con antelación al calendario previsto". Además, señala que la empresa, "en demostración de buena fe, ha efectuado rectificaciones más allá de sus obligaciones contractuales, ha cedido su participación en otros cuatro proyectos de infraestructura en Ecuador y ha permanecido en silencio". La constructora cree que el Estado ecuatoriano "ha violado sus derechos" y que ha llevado a cabo "una campaña de desprestigio" frente a ella. Por ello, y por considerar que "cumplió satisfactoriamente con todas sus obligaciones contractuales", la empresa brasileña "exige que se realicen auditorías técnicas del más alto nivel para esclarecer la validez de las acusaciones presentadas". Asimismo, anuncia que "oportunamente presentará a la opinión pública el resultado del pronunciamiento técnico" que ha encargado a una consultora internacional. El caso de Odebrecht generó en octubre de 2008 un problema diplomático entre Ecuador y Brasil. Entonces, el Gobierno del presidente Rafael Correa decidió expulsar del país a la compañía brasileña luego de detectar supuestos fallos estructurales en la construcción de la citada hidroeléctrica. La ejecución de esa obra, adjudicada a Odebrecht en 2007, se financió con un crédito de 286,8 millones de dólares otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, que Ecuador impugnó por presuntas irregularidades en su contratación. En noviembre, Ecuador anunció la presentación de una demanda de arbitraje internacional para analizar el pago del crédito. En respuesta, Brasil llamó a consultas a su embajador en Quito, Antonino Marques Porto, y anunció la revisión de todos los convenios de cooperación con Ecuador.