Este fracaso tiene su origen en la mala calidad de la legislación y en la mala administración del sistema electoral. Tanto el marco legal como la selección de las personas que integran el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contenciosos Electoral, fueron redactados y escogidos por la actual mayoría de la Asamblea, es decir por la línea del gobierno. Entre otras debilidades del sistema se nota: el poco eficiente marco legal bajo el que los candidatos tienen que hacer su campaña y proponer sus ideas, con una publicidad que es financiada por el Estado; que en la práctica el CNE reciba fuertes influencias del gobierno y con ello se anule cualquier investigación a la línea gubernamental, dando paso a la impunidad; la creación de las Juntas Intermedias, que no están previstas en la ley y que cometieron “errores” que más parecen fraude; que sin medida ni control se permita al gobierno usar los recursos del Estado en su campaña; entre otras. El marco electoral debe ser revisado y modernizado para asegurar su funcionalidad e independencia. Lo peor de este oscuro panorama es que en el Ecuador de hoy no hay un contrapeso político que pueda, en la práctica, fiscalizar lo actuado, ya que el gobierno controla mucho más que la función Ejecutiva, tal como ha sucedido en las últimas décadas con los gobernantes de turno. En Ecuador las cosas no han cambiado para bien. La democracia queda ensombrecida luego de las últimas elecciones. No hay forma de estar seguro de que la voluntad popular ha sido respetada.