El sector del transporte en Perú vive una crisis sin precedentes debido a la extorsión de bandas criminales. Los transportistas dieron al Gobierno un ultimátum de quince días para que actúe ante el creciente número de asesinatos y ataques. De no obtener respuesta, se convocará una huelga general que paralizaría las actividades del país.

Aumento de la violencia y extorsión en el transporte público

Desde principios de 2025, el sector del transporte en Lima y Callao sufre un aumento alarmante en los ataques violentos y extorsiones por parte de organizaciones criminales. Más de 15 transportistas han sido asesinados en los primeros meses del año, lo que ha desatado una ola de protestas y paros en la capital peruana. La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), liderada por Martín Valeriano, exige al gobierno una respuesta inmediata a la violencia. “Nos están matando”, declaró Valeriano en una entrevista con el diario La República, haciendo un llamado urgente a la acción para evitar más tragedias.

El pasado fin de semana, un conductor fue asesinado en San Martín de Porres, un distrito conocido por ser uno de los más afectados por la violencia. La muerte del conductor, que había sido atacado por negarse a pagar una extorsión a las mafias locales, encendió nuevamente las protestas del gremio, que ya había anunciado su disposición a marchar si la situación no mejoraba.

Las bandas organizadas, como Los Injertos del Cono Norte, exigen pagos diarios a los transportistas, que varían entre 5 y 20 soles diarios (1.33 a 5.33 USD) por unidad. Las empresas también enfrentan pagos mensuales de hasta 50,000 soles (13,333 USD) o más. Si los transportistas no cumplen con estos pagos, son atacados violentamente, incluyendo el uso de explosivos, disparos y quema de vehículos. Esto ha generado un ambiente de inseguridad que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios del transporte público.

El impacto de la extorsión en la economía peruana

La extorsión en el sector del transporte es más que un problema de inseguridad; es un negocio criminal que mueve cantidades considerables de dinero. Las mafias generan más de 6,000 millones de soles al año (1,600 millones de USD) a través de este tipo de actividades ilícitas. Estos pagos se realizan tanto de forma diaria como mensual, y pueden alcanzar sumas que son insostenibles para muchas empresas de transporte, especialmente las pequeñas.

El impacto económico de las huelgas también es significativo. En Lima, los paros y protestas de transportistas ocasionan pérdidas de más de 230 millones de soles diarios (61 millones de USD). Estas paralizaciones no solo afectan al comercio y la economía local, sino que también generan una gran incomodidad a los millones de usuarios que dependen del transporte público para movilizarse.

La falta de confianza en las autoridades y la impunidad criminal

Uno de los principales problemas que enfrentan los transportistas es la desconfianza en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad. Según encuestas recientes, más del 70% de los peruanos no confían en la policía, el Poder Judicial ni el Ministerio Público. Esta falta de confianza desincentiva las denuncias y contribuye a la impunidad que favorece a los líderes de las bandas criminales.

A pesar de que las autoridades identificaron a varios de los cabecillas de estas organizaciones, como Erick Moreno Hernández («El Monstruo») y Miguel Ángel Marín Morón («Negro Marín»), muchos de estos delincuentes siguen operando, algunos incluso desde prisión. La ineficacia en la aplicación de la ley permite que los ataques continúen sin mayores consecuencias, lo que agrava la situación.

Respuestas insuficientes y el clamor por acción gubernamental

El Gobierno de Perú implementó medidas como el estado de emergencia en Lima y Callao, pero hasta ahora estas no han mostrado resultados satisfactorios en la lucha contra la criminalidad. En los últimos meses, la violencia ha escalado, a pesar de los esfuerzos de seguridad pública. Los transportistas exigen ahora que el Gobierno implemente acciones concretas para frenar la extorsión y proteger a los trabajadores del sector.

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, advirtió que si el Gobierno no ofrece una solución viable en los próximos quince días, los gremios y sindicatos del sector transportista convocarán a una huelga general. La protesta incluiría una marcha hacia el Congreso para exigir que se aprueben medidas más efectivas contra el crimen organizado.