Nicolás Maduro, firmó un decreto que declara la emergencia económica en Venezuela y le otorga poderes especiales. Estos durarán 60 días y los usará para implementar “medidas urgentes y extraordinarias”. La decisión, anunciada desde Caracas, responde a la persistente crisis económica, agravada por sanciones y políticas arancelarias de Estados Unidos. Maduro busca con esta medida proteger la economía nacional frente a un contexto de incertidumbre global.
Maduro justificó el decreto durante un discurso. Señaló que las sanciones estadounidenses y el reciente aumento de aranceles por Donald Trump afectan gravemente a Venezuela. “Las políticas arancelarias de EE.UU. están impactando nuestra economía”, afirmó. La semana pasada, Trump elevó las tarifas a importaciones de casi todos los países, incluyendo un 25 % al crudo venezolano, lo que ha restringido aún más las exportaciones petroleras, clave para el ingreso de divisas al país.
El decreto será presentado a la Asamblea Nacional para su discusión. Este incluye propuestas como la sustitución de importaciones, el fomento a la producción nacional, la atracción de inversión extranjera y acciones contra la evasión fiscal. Según Maduro, estas medidas buscan “garantizar el crecimiento” y mitigar los efectos de la presión externa. El documento otorga al Ejecutivo facultades para legislar sin aprobación parlamentaria durante el plazo estipulado, que culmina el 7 de junio.
Una crisis sin precedentes en Venezuela
La economía venezolana atraviesa una situación crítica. Datos oficiales indican que la inflación alcanzó el 36,1 % en el primer trimestre de 2025. Por otra parte, el bolívar (moneda oficial) sigue devaluándose y la escasez de dólares limita las operaciones comerciales. El sector petrolero, que representa cerca del 90 % de las exportaciones, se ve afectado. No solo por los aranceles, sino también por sanciones que han suspendido licencias de empresas como Chevron y Repsol para operar en el país.
Economistas locales han expresado dudas sobre la efectividad del decreto. La falta de un sistema financiero estable y la hiperinflación histórica complican iniciativas como la sustitución de importaciones. La hiperinflación superó el 1.000.000 % en 2018 durante medidas similares. “Sin dólares ni estabilidad monetaria, estas políticas son difíciles de ejecutar”, señaló un experto consultado por medios venezolanos. El antecedente de emergencias económicas previas, que no lograron revertir la crisis, alimenta el escepticismo.
El anuncio se produce en un momento de tensión con EE.UU., cuyo gobierno mantiene sanciones desde 2017 para presionar al régimen de Maduro. El reciente incremento arancelario de Trump, parte de una estrategia comercial global, ha generado reacciones en cadena. En Venezuela, la medida ha reducido los ingresos por petróleo, principal fuente de divisas en un país con una economía ya debilitada por años de recesión y mala gestión.
La Asamblea deberá revisar el decreto en los próximos días
La comunidad internacional observa de cerca la situación. Mientras EE.UU. sostiene su postura firme, países aliados de Maduro, como Rusia y China, podrían desempeñar un papel en la búsqueda de inversión extranjera propuesta en el decreto. Sin embargo, la capacidad de Caracas para atraer capital externo sigue limitada por las sanciones y la inestabilidad interna.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo desde 2021, deberá revisar el decreto en los próximos días. De ser aprobado, Maduro podrá emitir leyes directamente, una facultad que ha utilizado en el pasado para gestionar la crisis. La oposición, aunque fragmentada, ha criticado la medida como un intento de concentrar más poder en medio de una economía colapsada.
La emergencia económica estará vigente hasta junio, pero su impacto dependerá de la ejecución de las medidas y de la evolución del conflicto con EE.UU. Por ahora, la crisis sigue afectando a millones de venezolanos, con un futuro incierto en el horizonte.
