La Fiscalía General del Estado apeló la decisión de un juez de Garantías Penales en Machala que otorgó libertad inmediata a cinco de seis sospechosos, presuntos integrantes de la banda criminal Los Lobos, capturados el 16 de julio de 2025 durante el operativo Gran Fénix 32. Los detenidos, entre ellos Jaime Enrique Santacruz Cruz, alias “Mito”, y Kevin Andrés Ronquillo Pinzón, alias “Ronquillo”, enfrentaron audiencias de calificación de flagrancia por tenencia y porte ilegal de armas. Sin embargo, el juez dispuso medidas cautelares alternativas, como presentación periódica cada ocho días, en lugar de prisión preventiva, lo que generó críticas del ministro del Interior, John Reimberg, quien señaló presuntas irregularidades en el proceso.

El operativo policial, ejecutado en una urbanización de Machala, provincia de El Oro, resultó en la aprehensión de seis individuos. Uno de ellos, identificado como Jairo C., fue detenido por presuntamente impedir el ingreso de personal policial al lugar donde se realizaba la operación. En su poder se encontraron una pistola, un cargador, cuatro municiones y dos teléfonos celulares. Los otros cinco sospechosos, que se desplazaban a alta velocidad en una camioneta, portaban una pistola, una carabina, 31 municiones y un teléfono adicional. Aunque uno de los aprehendidos presentó un permiso de porte de armas como guardia de seguridad, no pudo justificar la tenencia de las municiones, según el informe policial.

Cuestionamientos al proceso judicial

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, realizada el 17 de julio de 2025, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Jairo C. por el presunto delito de tenencia y porte de armas. Sin embargo, el juez resolvió que no se cumplían los requisitos para la flagrancia y dispuso medidas cautelares alternativas. En desacuerdo, la Fiscalía apeló la decisión y anunció que continuará la investigación bajo procedimiento ordinario, con una instrucción fiscal de 30 días. Para los otros cinco implicados –Joffre B., José C., Víctor S., Jaime S. y Wilmer V.–, se abrió una investigación previa por falta de elementos suficientes para formular cargos.

El ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó la actuación de la Fiscalía y del juez. Reimberg alega que existían evidencias, incluyendo un informe pericial balístico, que vinculaban a los detenidos con Los Lobos.  Reimberg señaló que el fiscal reprochó a los agentes policiales por incluir esta vinculación en el parte, considerándola preliminar. La liberación de los sospechosos, calificados como objetivos de medio valor, generó preocupación en la provincia de El Oro.

Irregularidades en la gestión de evidencia

La Fiscalía solicitó un informe ampliatorio a los agentes aprehensores para esclarecer dos puntos: la entrega del parte policial, presentada 19 horas después de las detenciones, y la omisión del vehículo utilizado por los sospechosos como evidencia del caso. Además, se ordenó la extracción de información de los tres teléfonos celulares incautados para avanzar en las investigaciones. La Policía indicó que la presunta vinculación de los detenidos con Los Lobos es preliminar y está en proceso de verificación. Hasta el momento no se ha presentado un informe concluyente que la respalde.

El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de los procedimientos judiciales en casos de flagrancia en Ecuador. La investigación en curso determinará si se presentan nuevos cargos contra los implicados.