La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional escuchó este miércoles, 9 de julio, las preocupaciones de la Unión Nacional de Educadores (UNE) sobre supuestas extorsiones a docentes en Ecuador, especialmente en la provincia del Guayas, para determinar la necesidad de declarar la emergencia del sistema educativo.
Denuncias de extorsión en el magisterio
Andrés Quishpe y Gabriela Menéndez, representantes de la UNE, expusieron la situación de los maestros. Menéndez afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra 45 denuncias de extorsión a docentes en la Zona Educativa Número 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, desde enero de 2025. Señaló la falta de cambios de institución, trámite que el Ministerio de Educación debería agilizar.
Por su parte, Quishpe indicó que la ministra de Educación, Alegría Crespo, ha reconocido formalmente 119 casos de extorsión a nivel nacional. Estas cifras resaltan la preocupación del gremio docente por la seguridad.
Perspectiva oficial del Ministerio de Educación
Gustavo Ayala, viceministro de Educación, ofreció una perspectiva diferente sobre la magnitud del problema. Sostuvo que, de 215 mil docentes en Ecuador, solo se reportan 108 casos de extorsión, tras la desestimación de varias denuncias por parte de la Fiscalía. Esto representa un 0.05% de afectación al total de maestros.
Ayala enfatizó que ninguna provincia del país supera el 1% en este tipo de casos. Además, un 85% de los cantones no presenta ni un solo incidente de extorsión. El viceministro también destacó que el 62% de los eventos peligrosos para la educación ocurren fuera de los centros educativos. Argumentó que “la violencia no está en la escuela”. Por ello, manifestó su desacuerdo con la declaratoria de emergencia. Considera que podría reducir las horas de clases presenciales y, por ende, el aprovechamiento educativo y aumentar la deserción escolar.
Acciones del Ministerio del Interior
La subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, Paola Escobar, detalló las acciones de su cartera. Informó que se han identificado y priorizado 365 instituciones educativas. La selección se basó en sus riesgos y eventos peligrosos. El objetivo es proteger a la comunidad educativa.
Escobar mencionó que se ha fortalecido la presencia policial en un radio de hasta un kilómetro de estas instituciones. Se han realizado aproximadamente 35 mil actividades de presencia policial en territorios e instituciones con alta conflictividad. Estas medidas buscan disuadir la delincuencia y garantizar un entorno seguro.
Próximos pasos en la Asamblea
Al finalizar las intervenciones de las autoridades, los legisladores formularon sus cuestionamientos. Se profundizó en los datos sobre la violencia extorsiva. También se discutió la presencia policial en las instituciones educativas. La Comisión analizó los planes y programas del Ministerio de Educación. Estos buscan reducir los riesgos psicosociales que causan eventos de riesgo dentro de escuelas y colegios.
La legisladora Inés Alarcón, presidenta de la mesa legislativa, solicitó a los legisladores remitir por escrito todas sus preguntas. Esto permitirá que las autoridades respondan con la amplitud y pertinencia necesarias ante los sucesos expuestos.
