El ministro de Salud de Ecuador, Jimmy Martin, solicitó la renuncia del gerente del Hospital Universitario de Guayaquil, Hugo Hernández, tras la denuncia de la muerte de varios recién nacidos en esa casa de salud. Además, anunció la apertura de una investigación a cargo de un equipo especializado para esclarecer los hechos. Esta decisión surgió el sábado 9 de agosto, luego de que medios de comunicación revelaran la posible muerte de 18 neonatos por la falta de insumos médicos.
Según las denuncias, la escasez de suministros médicos habría derivado en la supuesta reutilización de cánulas nasales para facilitar la respiración de los bebés. Este acto pudo haber provocado un brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). La gravedad del caso llevó a una respuesta inmediata de las autoridades del sector salud, poniendo en el centro la seguridad y salud de los recién nacidos.
Respuesta del Hospital Universitario
El Hospital Universitario de Guayaquil, bajo la administración del Ministerio de Salud Pública (MSP), negó la ocurrencia de 18 fallecimientos. Sin embargo, confirmó que han existido 12 muertes de recién nacidos por causas multifactoriales, relacionadas principalmente con complicaciones derivadas de nacimientos prematuros o muy prematuros. De ese total, dos muertes podrían estar vinculadas a la bacteria mencionada, que puede causar neumonía, infecciones en heridas, septicemia y otros problemas graves. En esta línea, la institución rechazó la reutilización de insumos médicos, aclarando que no se ha incurrido en esta práctica.
El Ministerio de Salud de Ecuador enfatizó que, desde la activación de la alerta epidemiológica, se ha reforzado la atención en la UCIN. Se han implementado medidas como la toma de muestras de sangre en casos sospechosos, la desinfección terminal de las áreas y la reubicación preventiva de neonatos para reducir riesgos. Estas acciones buscan garantizar la bioseguridad y la correcta atención médica en el hospital.
Reacciones de la Asamblea Nacional y autoridades
La alarma generada por la muerte de los 12 recién nacidos trascendió al ámbito político. La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional convocó para el martes 12 de agosto del 2025 al ministro de Salud, al fiscal general, Wilson Toainga, al exgerente del hospital Hugo Hernández y al director asistencial Ariel Sarduy. El objetivo es que expliquen públicamente las circunstancias de lo ocurrido y asuman responsabilidades.
Viviana Veloz, presidenta de dicha comisión, advirtió que no tolerarán evasivas ni demoras en el esclarecimiento del caso. Calificó la muerte de los neonatos como “indignante” y exigió que se determinen las causas reales para evitar que se repitan tragedias similares.
Desde el ámbito local, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también se pronunció con dureza. Criticó que las cánulas nasales, insumos esenciales para la respiración de neonatos, “no cuestan más de cuatro dólares”. Además, aseguró que mediante la Dirección de Acción Social del Municipio se brindará asistencia a las familias afectadas “en todo lo que sea necesario”.
Crisis sanitaria y desafíos estructurales
La situación en el Hospital Universitario de Guayaquil se enmarca dentro de una crisis sanitaria más amplia, caracterizada por la escasez de medicamentos e insumos en hospitales públicos de Ecuador. Diversos sectores del sistema de salud y la comunidad médica han denunciado reiteradamente estas falencias que afectan directamente la atención médica.
Especialistas explican que la bacteria Klebsiella pneumoniae es una amenaza frecuente en entornos hospitalarios, especialmente para neonatos y pacientes vulnerables. En este contexto, la falta de insumos básicos incrementa los riesgos de infecciones hospitalarias que pueden terminar en tragedias evitables.
El ministro de Salud anunció que la vida de los niños está “por encima de todo y de todos”, expresando su compromiso para atender esta emergencia con acciones inmediatas y la implementación de protocolos más estrictos. Su solicitud de renuncia y la apertura de la investigación buscan no solo esclarecer los hechos, sino también fortalecer los controles para evitar que se repitan.
