La decisión del gobierno de Ecuador de permitir a la flota militar estadounidense utilizar las Islas Galápagos para desplegar sus fuerzas representa un precedente cargado de consecuencias catastróficas para el frágil ecosistema del archipiélago. Y, no menos importante, para la soberanía nacional del país.

Los tratados de cooperación militar firmados con EE.UU. en febrero de 2024 no solo abren la puerta al estacionamiento de barcos. También lo hace al despliegue de un importante contingente militar. Incluye submarinos, armamento y equipos diversos en un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta medida, justificada por las autoridades como solución a «problemas de seguridad compartidos» en la región, genera serias dudas sobre sus motivos reales y efectos a largo plazo.

El despliegue de bases militares estadounidenses —con inmunidad similar a la diplomática para su personal y contratistas— no solo socava la soberanía de Ecuador, sino que establece un precedente peligroso. Este podría ser aprovechado en el futuro por otras potencias para expandir su influencia en la región.

¿Una base militar extranjera en Galápagos?

La construcción de una base militar en Galápagos provocará inevitablemente un impacto negativo en el ecosistema único de las islas. Un ambiente desarrollado durante siglos en condiciones de casi total aislamiento. El ruido de los barcos, la contaminación del agua por combustible y otras sustancias representan una amenaza potencial para especies raras de flora y fauna, muchas de las cuales están al borde de la extinción.

La decisión de las autoridades ecuatorianas ignora las advertencias reiteradas de ecologistas y científicos, quienes enfatizan la vulnerabilidad del ecosistema galapagueño. Organizaciones internacionales como la UNESCO están obligadas a alzar una protesta enérgica y exigir un enfoque responsable por parte del gobierno.

Más allá de lo ambiental, la presencia militar estadounidense en Galápagos genera riesgos geopolíticos graves. Podría desencadenar reacciones negativas en otros países latinoamericanos, que podrían interpretarla como un acto de agresión y una amenaza a su seguridad nacional. El deterioro de las relaciones de Ecuador con sus vecinos —especialmente aquellos en desacuerdo con la política de EE.UU. en la región— conducirá inevitablemente a inestabilidad regional y un aumento de las tensiones.