La Policía Nacional garantizará la seguridad de Mayra Salazar, una vez que salga de la cárcel de Ambato. Ella dejará el país tras su liberación.
Este viernes 14 de marzo del 2025, Mayra Salazar culmina su condena de un año y tres meses de prisión.
Salazar fue sentenciada por su participación en una “empresa criminal” liderada por el narcotraficante Leandro Norero. Ella fue una figura central en los casos de corrupción Metástasis y Purga,
El objetivo de obtener beneficios penitenciarios y fallos favorables en casos judiciales que involucraban a su familia y a grupos delictivos.
La excomunicadora de la Corte de Justicia del Guayas dejará el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de mujeres de Ambato.
Esto, tras cumplir los quince meses de cárcel establecidos por el conjuez Manuel Cabrera de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en julio pasado. Junto a Salazar también saldrán de la cárcel Álex Palacios y Helive Angulo.
Palacios, identificado como el emisario de Wilman Terán, alias ‘Diablo’, sería el primero en salir de la cárcel de Latacunga, ya que una jueza dispuso este jueves que se gire la boleta de excarcelación “cuyo efecto será inmediato”, según se lee en el sistema de la Función Judicial.
En cambio, Helive Angulo, quien fue mano derecha de Leandro Norero, inició el proceso de excarcelación el pasado lunes 10 de marzo y un día después, el 11 de marzo, una jueza avocó conocimiento de la solicitud.
Garantizarán la seguridad de Mayra Salazar
Debido a su perfil y las amenazas recibidas durante su tiempo en prisión, la Policía Nacional ha implementado un dispositivo de seguridad especial en los alrededores del CPL.
El teniente coronel Andrés Medina, comandante (s) de la subzona de Tungurahua, aseguró que se garantizará la seguridad de Salazar hasta su salida del país. Ella ya ha manifestado su intención de abandonar Ecuador.
Por ello, se ha intensificado la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la zona. Allí se han realizado patrullajes constantes frente al centro penitenciario. Todo esto como parte de las medidas preventivas.
La situación judicial de Salazar se definió el 24 de julio del 2024, cuando el conjuez Cabrera dictó sentencia en su contra tras acogerse al procedimiento abreviado y colaborar con las autoridades fiscales.
También se le impuso una multa de $5,520, una reparación económica al Consejo de la Judicatura de $11,040. También la devolución de $6,300 al Estado, sumando un total de $22,860.
Nueva complicación legal
A medida que se aproxima su liberación, Salazar enfrenta una nueva complicación legal: una denuncia por perjurio presentada por Fausto Alarcón Gómez, primo del exasambleísta Pablo Muentes.
Esta denuncia busca investigar posibles falsedades en las declaraciones de Salazar durante el caso Purga, donde su testimonio fue crucial para condenar a once personas.
El Tribunal que juzgó el caso Purga expresó su sorpresa por la decisión de la Fiscalía de no procesar a Salazar como parte principal del entramado corrupto, sugiriendo que su rol en la organización no debería quedar impune.
La presidenta del Tribunal, Daniella Camacho, destacó la necesidad de investigar más a fondo la participación de Salazar en actividades delictivas.
