Los ganaderos y pescadores se han convertido en sectores vulnerables, por la escasa protección que tienen frente al ataque de la delincuencia. Urge que tanto la Policía como la Armada Nacional, dentro de las competencias de cada institución, definan estrategias para socorrer a quienes se dedican a estas actividades productivas.
El abigeato, o robo de ganado, es un delito recurrente en Manabí, la provincia con mayor número de reses. En el año 2018, en el territorio manabita se hallaba el 22,7 por ciento del número de cabezas de ganado vacuno del país. Esto, sumado a la extensión provincial, la ruralidad y el número de efectivos policiales, la convierte en un territorio atractivo para la delincuencia.
En el ámbito pesquero ocurre un fenómeno parecido. Más del 65 por ciento de los desembarques de la pesca artesanal se hicieron en esta provincia. El escaso control permite acciones ilegales como el embarque de drogas y los asaltos a pescadores.
Para protegerse, tanto pescadores como ganaderos han solicitado que se les permita el porte de armas. Sin embargo, esta no es la mejor solución.
Lo que se requiere es que el Estado garantice la seguridad suficiente para que trabajen sin temor a un asalto que, en el mejor de los casos, deriva en fuertes pérdidas económicas.
Es el derecho de los ciudadanos y la obligación de las entidades estatales.
