“Rabia, coraje, después de tanto tiempo haber trabajado y sin que alguien te conozca, sin que alguien te evalúe, porque esto ha venido desde Quito. Sin que te conozcan, sin saber que soy sustento de familia, mi esposo y mis hijos tienen discapacidad, y aún así me botaron”, fueron las palabras de Maritza Sornoza.
Maritza es cabeza de hogar
Ella ejercía hasta el jueves 24 de julio de 2025 como oficinista en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS en Portoviejo. Pero ese día, a las 17 horas, recibió la notificación de desvinculación a la institución. Luego de 14 años laburando para el Sistema de Salud Público. “La sorpresa, despido intempestivo, decía cese de sus funciones”, comentó entre sollozos.
“Nosotros tenemos nombramiento provisional y a todos los que son nombramientos provisionales nos han dado el despido así inmediatamente”. Maritza es madre de familia, dedicada al cuidado de tres personas con discapacidad, su esposo y sus dos hijos.
“Soy cabeza de familia. A mí sí me pidieron el papel de cuidador sustituto, yo fui al Ministerio de Relaciones Laborales y me dijeron que mientras ellos no tengan el 75% de discapacidad no me podían dar un documento como tal. Mi hijo tiene el 60, mi esposo 50 y mi hija 55% de discapacidad”, explicó.
Sin antecedentes
Maritza afirma que nunca fue notificada antes sobre llamados de atención. “Voy a defender mis derechos hasta las últimas consecuencias, voy a ir donde el abogado con el grupo de personas que está adentro”, exclamó con lágrimas en sus ojos.
Su esposo, Luis Menéndez, se siente sumamente afectado tras el despido intempestivo que sufrió su esposa, como parte de la Ley de Integridad Pública. “Apenas tengo una pensión muy baja que no me permite sostener una familia, sostenerme yo. Que han despedido a todos los que tienen sobre sueldo, no. Ya mi esposa lo dijo, el sueldo que ella tiene es muy bajo, es de 700 dólares”, lamentó desde su silla de ruedas.
Despidios a nivel nacional
Este caso no es aislado, ya que forma parte de una ola de despidos. Misma que ha afectado a más de 5.000 funcionarios públicos a nivel nacional, según dio a conocer Carolina Jaramillo, vocera del gobierno.
Roberto Luque detalló que los despidos, efectivos desde el jueves 24 de julio tras el anuncio de la vocera presidencial Carolina Jaramillo, incluyeron a funcionarios de coordinaciones financieras que solicitaban dinero para agilizar trámites de planillas. También se desvinculó a coordinadores y abogados de direcciones zonales y distritales. Según el ministro, realizaban denuncias falsas al Servicio de Contratación Pública (Sercop) haciéndose pasar por contratistas.
