Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ),  dijo que la situación de la Justicia se agrava por el déficit de 754 jueces a nivel nacional, lo que compromete la eficiencia judicial. Además cuestionó el patrimonio de más de un millón de dólares de varios servidores judiciales.

Crisis de personal en la justicia de Ecuador

Godoy informó que de las 437 judicaturas existentes, 166 se encuentran en estado crítico, tanto por escasez de personal como por la presión del crimen organizado y una creciente carga procesal.

Además, informó que existen 245 dependencias judiciales de las cuales117 propias, 97 en arrendamiento y 31 en comodato. Estas condiciones impactan directamente en la eficiencia del servicio judicial

Godoy señaló que estas deficiencias han provocado la acumulación de causas judiciales y que el sistema está desbordado. “Estamos enfrentando un colapso en ciertas áreas judiciales. Hay despachos con cientos de causas pendientes y sin capacidad operativa para resolverlas”, afirmó.

La falta de jueces no solo perjudica a los ciudadanos, sino que también debilita el sistema ante estructuras delictivas organizadas, que aprovechan los vacíos y demoras para obtener impunidad.

Evaluaciones más estrictas y con criterios claros

El presidente del Consejo de la Judicatura advirtió que los jueces no han sido evaluados desde 2017 y los fiscales desde 2011. Desde su óptica esta situación ha debilitado la gestión institucional y afectado la eficiencia del servicio de justicia.

Godoy anunció la elaboración de un borrador normativo que permitirá realizar evaluaciones anuales a los operadores de justicia. Explicó que la Unidad de Talento Humano ha establecido parámetros que incluyen gestión procesal, innovación y análisis de desempeño con indicadores como causas asignadas, resueltas, pendientes y diligencias realizadas.

“Las evaluaciones deben considerar diferencias por materia: penal, civil, niñez, adolescencia…”, dijo. Agregó que “no se puede medir igual a quien lleva tres despachos que a quien lleva uno solo”, sostuvo.

Además, cuestionó que los actuales procesos de evaluación no contemplan plazos definidos ni reconocen la trayectoria profesional. Según su visión esto impide separar rápidamente a jueces con bajo rendimiento. “No podemos seguir dando oportunidades a la impunidad”, subrayó.

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), compareció este lunes ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en el salón José Mejía Lequerica. La sesión legislativa, de la comisión liderada por la asambleísta Rosa Alegría Torres, fue escenario de este diagnóstico.

Patrimonios cuestionables de jueces

Uno de los momentos más tensos de la sesión fue cuando Godoy se refirió a las inconsistencias patrimoniales de ciertos funcionarios judiciales. “El servidor judicial que debe estar preocupado es el que tiene cuatro carros de alta gama, una casa sobrevalorada en un lugar exclusivo, cuando su capacidad económica no lo permite”, declaró.

Puso como ejemplo el caso de un juez provincial con un sueldo de $5.000 que, después de gastos personales, apenas conserva $2.500 líquidos mensuales, pero posee una vivienda de tres pisos en una zona exclusiva y declara un patrimonio superior al millón de dólares.

Además, advirtió sobre secretarios judiciales que ganan $2.500, pero realizan diez viajes internacionales al año y presentan gastos en tarjetas de crédito superiores a $10.000. La Contraloría también encontró problemas en la declaración de bienes de los jueces.

Eso sí, recordó, que también existen jueces y servidores judiciales íntegros y honestos.

Una justicia en riesgo

Godoy insistió en que la intención no es perseguir a jueces, sino transparentar el sistema. Dijo que si no se enfrenta esto con una evaluación seria y anual, no se podrá garantizar una justicia de calidad.

El presidente del CJ enfatizó que los procesos deben identificar con claridad a los funcionarios que actúan con honestidad y a los que “están al servicio de intereses ocultos o del crimen organizado”.

El planteamiento de Godoy incluye una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Esto, según dijo, para permitir que quienes muestren bajo rendimiento sean separados de inmediato, sin segundas oportunidades como pasa hoy.