Durante su gestión, la fiscal Diana Salazar lideró investigaciones emblemáticas que sacudieron las estructuras del poder político, judicial y criminal en Ecuador. A continuación, un repaso de los casos más relevantes que marcaron su periodo al frente del Ministerio Público.

Redes de Corrupción Judicial

Uno de los pilares de la gestión de Salazar fue la desarticulación de complejas redes de corrupción dentro del sistema judicial. El caso Metástasis se erigió como una de las investigaciones más significativas, al revelar una extensa red de corrupción que vinculaba a jueces y funcionarios judiciales con organizaciones criminales, acusados de manipular procesos legales en beneficio de narcotraficantes. Este caso sentó las bases para una serie de procesos derivados.

Continuando la senda de Metástasis, el caso Purga expuso una red de manipulación judicial en Guayas. La Fiscalía procesó a 25 personas, incluidos jueces, funcionarios del Consejo de la Judicatura, de la Corte Provincial de Guayas y el exasambleísta Pablo Muentes, por presuntamente obtener sentencias favorables a cambio de sobornos.

La evidencia, a través de chats revelados, mostró la manipulación de sorteos de causas y favores judiciales a cambio de beneficios personales. Asimismo, el caso Plaga reveló una red de corrupción judicial donde jueces, abogados, policías y funcionarios del sistema penitenciario presuntamente colaboraban para liberar a personas privadas de libertad a cambio de sobornos. La Fiscalía procesó a 31 personas por delincuencia organizada, de las cuales 15 aceptaron su culpabilidad y recibieron sentencias reducidas.

Casos de corrupción en la administración pública

La lucha contra la corrupción en la administración pública fue una constante. El caso Encuentro investigó un presunto esquema de corrupción en la administración pública y empresas estatales, involucrando a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Se revelaron supuestos manejos indebidos de empresas públicas y decisiones a cambio de sobornos, vinculando nombres como Hernán Luque Lecaro, Xavier Jordán y Nain Massuh, además de chats con el narcotraficante fallecido Leandro Norero.

El caso Independencia Judicial se centró en la presunta interferencia de actores políticos y judiciales en el sistema de justicia, llevando a una sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, alias ‘El Diablo’.

El caso Reconstrucción de Manabí abordó irregularidades en la asignación y ejecución de fondos tras el terremoto de 2016, con el exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal llamados a juicio. El caso Sinohydro involucra a la empresa china en presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con la investigación aún en curso e involucrando al expresidente Lenín Moreno, familiares y empresarios amigos. El caso Vocales procesó a vocales del Consejo de la Judicatura por presuntas irregularidades en la designación y evaluación de jueces y fiscales.

Delincuencia organizada y fraudes

La Fiscalía también persiguió delitos de delincuencia organizada y fraudes financieros. El caso Pampa dispuso la investigación de una presunta red narcodelictiva liderada por el albanés Dritan G., el argentino Mario S. y el ecuatoriano Carlos G., quienes habrían creado empresas para ocultar el origen ilícito del dinero.

El caso Isspol reveló una trama de inversiones fraudulentas que afectaron al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, investigando el desvío de aproximadamente USD 900 millones y señalando a Jorge Chérrez.

El caso Daniel Salcedo se centró en actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19, procesando a Daniel Salcedo y otros funcionarios por peculado. Salcedo también fue vinculado en el caso Metástasis.

Impacto en figuras políticas

Varios casos de alto perfil impactaron directamente a figuras políticas. El caso Sobornos 2012-2016 implicó al expresidente Rafael Correa y otros altos funcionarios en un esquema de financiamiento ilegal de campañas políticas, llevando a la condena de Correa por cohecho, marcando un precedente. El caso Ligados procesó a los exvocales del CPCCS Augusto Verduga, Eduardo Franco y Yadira Saltos, con la fiscal solicitando la vinculación de Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González.

El caso Nene procesa al hijo de la ex vicepresidenta Verónica Abad, por el presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias. El caso Celu vinculó a Pablo Celi y Luis Miño, excontralor y exdirector de Responsabilidades en la Contraloría, por el presunto delito de tráfico de influencias. El caso Amistad es una investigación por el presunto delito de lavado de activos contra una abogada cercana al expresidente Correa, por el movimiento de USD 22,4 millones.

El caso Las Torres investigó una red de corrupción en la Contraloría General del Estado, procesando y condenando al excontralor Pablo Celi. Finalmente, el caso Singue involucró al exvicepresidente Jorge Glas por irregularidades en la adjudicación del campo petrolero.

Otros casos relevantes

La Fiscalía también abordó el caso Pantalla, investigando el presunto delito de asociación ilícita por el círculo cercano a Wilman Terán. El caso Odebrecht acusó a la empresa brasileña por pagar sobornos para obtener contratos gubernamentales, con ocho personas sentenciadas, incluido el exvicepresidente Jorge Glas.

Un caso más reciente es el caso Triple A, una investigación contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el supuesto delito de comercialización ilegal de combustibles. Finalmente, la Sentencia contra el Defensor del Pueblo ratificó la pena de prisión contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por el delito de abuso sexual, caso que nació el 16 de mayo de 2021 en la pandemia de COVID-19.

Presiones y transición

Durante su gestión, Diana Salazar enfrentó numerosos intentos de juicio político promovidos por sectores del correísmo, quienes la acusaban de supuestas irregularidades. Estos procesos fueron suspendidos debido a su embarazo de alto riesgo, situación que generó controversia por la filtración de información médica confidencial.

Con la salida de Salazar, asume la titularidad de la Fiscalía el fiscal subrogante, Wilson Toainga, mientras se inicia el proceso para designar a un nuevo fiscal general del Estado, marcando el fin de una era en la lucha contra la impunidad en Ecuador.