Miguel Roldán, gerente de la entidad municipal, explicó que esta situación se origina por una disposición del Ministerio de Obras Públicas, adoptada en enero, y ahora ratificada por la Ley de Integridad Pública, publicada el 26 de junio en el Registro Oficial.
Indicó que existe un convenio público-privado entre Portovial y la empresa Servipor para la operación de los radares. Bajo este contrato, el 51% de los ingresos por multas era destinado a Portovial y el 49% a Servipor.
Suspensión se extiende hasta finales de 2025
Sin embargo, los dispositivos dejaron de funcionar desde comienzos del año y, con la nueva ley, se establece que la suspensión se extenderá hasta el 26 de diciembre de 2025.
La Ley de Integridad Pública prohíbe expresamente a los municipios emitir multas por exceso de velocidad utilizando radares durante el período de suspensión. Esta medida se tomó mientras la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) revisa y acredita a los laboratorios responsables de calibrar estos equipos.
Solo uso preventivo, no sancionador
Durante este tiempo, los radares sólo podrán emplearse como herramienta preventiva. Es decir, podrán advertir a los conductores sobre su velocidad, pero no generar multas.
Además, la nueva normativa introduce otra restricción: las empresas proveedoras de radares ya no podrán recibir un porcentaje de las multas recaudadas. Solo podrán cobrar por la venta, instalación y mantenimiento de los equipos.
Impacto económico para Portovial
La suspensión de los radares y la eliminación de ingresos por multas genera un impacto económico en Portovial, que deja de recibir un ingreso mensual que era constante. A pesar de esta afectación, el gerente de la entidad manifestó que respetan las decisiones adoptadas tanto por el Ministerio de Obras Públicas como por la Asamblea Nacional.
Entre los ciudadanos también hay reacciones. Víctor Vera, conductor, expresó su apoyo a la medida. Dice que siempre maneja con precaución y considera que algunos radares no estaban bien calibrados, lo que afectaba a quienes cumplían con los límites de velocidad.
Conductores respaldan suspensión
Jesús Tuárez, taxista de la cooperativa Avenida Guayaquil, también está de acuerdo con la suspensión de las multas. Comentó que fue sancionado injustamente por un radar y que logró anular la multa porque nunca fue notificado correctamente.
Considera que los radares han sido utilizados más para recaudar dinero que para prevenir accidentes. A pesar de la suspensión, señaló que muchos conductores ahora manejan con más cuidado, aunque lamentó que aún hay quienes siguen siendo imprudentes en la vía.
Otros cambios en la Ley de Integridad Pública
La Ley de Integridad Pública también incluye un tercer cambio en materia de transporte. En caso de conflicto armado interno, el Presidente de la República podrá autorizar el cobro digital de peajes.
Esto permitiría operar sin personal en las cabinas y facilitar el tránsito en situaciones de emergencia. Con estas medidas, la nueva normativa busca mayor control técnico, transparencia en el manejo de fondos y mejoras en la gestión del tránsito, según el gobierno.
