El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Fernando Cantos, dictó auto de llamamiento a juicio contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Anabel Torres, exjueza de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el delito de asociación ilícita. La resolución, emitida este 12 de junio del 2025, se deriva de irregularidades en el concurso para la renovación parcial de jueces de la CNJ en 2023. Torres, considerada prófuga, enfrenta una orden de captura a través de Interpol.

La Fiscalía General del Estado acusó a Terán y Torres de manipular el concurso público iniciado en junio de 2023 para favorecer a ciertos candidatos, incluida Torres, pareja sentimental de Terán, con el objetivo de asegurar su nombramiento como jueza nacional y potencial presidenta de la CNJ. La investigación señala que Terán, conocido como “Diablo” en el caso Metástasis, ejerció influencia sobre funcionarios de la Judicatura para acceder a la base de preguntas del examen y modificar el proceso de selección.

Detalles de la investigación

La Fiscalía presentó 177 elementos de convicción, incluyendo informes del Consejo de la Judicatura, análisis de llamadas telefónicas, extracciones forenses de dispositivos electrónicos. Incluso, testimonios de funcionarios que denunciaron presiones para facilitar información privilegiada. Entre las irregularidades detectadas está la implementación de un examen de confianza optativo y el acceso indebido al banco de preguntas de la fase de oposición. Esto habría beneficiado a Torres y otros candidatos afines para ocupar plazas en la CNJ y pagar “favores políticos”.

El juez Cantos, tras cinco días de audiencia que culminaron el 12 de junio, consideró que existen suficientes pruebas para presumir la participación de Terán y Torres en el delito de asociación ilícita. Tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, reinstalada tras una suspensión el 28 de abril, también ratificó las medidas cautelares de prisión preventiva. Es decir, retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes para ambos procesados.

Situación de los acusados

Wilman Terán, quien ya enfrenta sentencias de nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada (caso Metástasis) y obstrucción de la justicia (caso Independencia Judicial), no obtuvo la caducidad de su prisión preventiva. Esta se extenderá hasta el 4 de julio debido a dos demandas de recusación presentadas por él. Torres, por su parte, está prófuga, y el juez Cantos ordenó notificar a Interpol para su localización y extradición. Ambos enfrentarán una nueva audiencia el 13 de junio por otra causa de asociación ilícita en el caso Vidrio Libre. Este caso está relacionado con la liberación de Jorge Glas mediante un habeas corpus.

Contexto del caso

El caso, conocido como Pantalla, también involucra a tres exfuncionarios de la Judicatura —Santiago Cifuentes, Milton Herrera y David Guzmán— quienes aceptaron un procedimiento abreviado y fueron condenados a seis meses de prisión. Con multas de 4,700 dólares y una reparación económica de 35,877.60 dólares. La Fiscalía señaló que estos exasesores colaboraron con Terán para manipular el concurso, comprometiendo la transparencia del proceso de selección de jueces nacionales.

El concurso de 2023 buscaba renovar parcialmente la CNJ, el máximo organismo de justicia ordinaria en Ecuador. Sin embargo, las irregularidades detectadas, como el acceso privilegiado a información y la presión sobre el Departamento de Tecnologías de la Información, revelaron un intento de controlar las designaciones para favorecer intereses políticos. Según un informe de la Fiscalía (2024), el 20% de los concursos judiciales en Ecuador entre 2020 y 2023 presentaron anomalías similares.

Implicaciones judiciales

El llamamiento a juicio marca un paso clave en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. La CNJ, encargada de casos de alto perfil, ha sido objeto de escrutinio por presuntas influencias políticas. Si Terán y Torres son hallados culpables, podrían enfrentar penas agravadas por su condición de exfuncionarios públicos, según el COIP.

El caso Pantalla expone graves irregularidades en el sistema judicial ecuatoriano, con Wilman Terán y Anabel Torres enfrentando juicio por asociación ilícita. La resolución judicial refleja el esfuerzo por garantizar transparencia en la selección de jueces y combatir la corrupción en instituciones clave.