Una mujer de 21 años, víctima de violación grave, buscó justicia. El caso ocurrió el 12 de junio de 2024 en un supuesto spa. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha condenó a dos responsables.
Henry R. Y. y Erika C. R. enfrentan 21 años y cuatro meses de prisión. La Fiscalía demostró que actuaron juntos en un caso de explotación sexual. La joven acudió a una entrevista laboral sin saber la verdad. El lugar, disfrazado de spa, ocultaba una red de prostitución.
Erika C. R. engañó a la víctima sobre el trabajo real. Le prometió atender clientes en un spa masculino, sin embargo, al llegar a su primer día laboral, le exigió mantener relaciones sexuales con un sujeto. La joven mujer se negó, pero un cliente, pactado por una plataforma de citas, la violó.
Una mujer valiente denuncia el horror
La víctima, con coraje inmenso, alertó a la Policía Nacional, ella dijo que estaba siendo prostituida. Los agentes registraron el lugar y confirmaron que se trataba de una casa de citas. Encontraron pruebas clave: contratos, audios y depósitos bancarios. Henry y Erika fueron detenidos en el acto.
La Fiscalía presentó un testimonio anticipado de la joven. Una pericia de contexto de género reveló su vulnerabilidad. Provenía de una casa de acogida y cursaba décimo año. El informe médico-legal confirmó huellas de violación, mientras una evaluación psicológica mostró ansiedad.
Pruebas que condenan la explotación
Una trabajadora del lugar confirmó la actividad ilícita. Los audios del celular de Henry revelaron arreglos con clientes. Las cuentas de Erika mostraron pagos a la plataforma sexual. Cada prueba selló la sentencia.
El dueño del inmueble también testificó. Aseguró que el contrato de alquiler no incluía actividades ilícitas. La Fiscalía usó esta declaración para desmantelar la fachada del spa. La explotación sexual, tipificada en el COIP, no quedó impune.
Justicia para una víctima vulnerable
El artículo 100 del COIP castiga la explotación sexual con 13 a 16 años de prisión. La participación de dos personas agravó la pena en un tercio adicional. El Tribunal aplicó la máxima sanción para los explotadores de la mujer: 21 años y cuatro meses.
La joven mujer, víctima de un engaño cruel, enfrenta secuelas, ella presenta cuadros de ansiedad. La investigación sobre la violación continúa, buscando más responsables.
