El Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobó este viernes una solicitud de la Administración de Donald Trump para eliminar un programa de protección humanitaria que beneficia a 532.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. La decisión permite al gobierno poner fin a un mecanismo que otorgaba residencia y permisos de trabajo a estas personas, instaurado durante la presidencia de Joe Biden.
La medida, que abre la puerta a posibles deportaciones masivas, responde a la agenda migratoria de Trump, quien desde su retorno a la Casa Blanca ha impulsado políticas para restringir la inmigración legal y agilizar las expulsiones. Sin embargo, el proceso judicial continúa en instancias inferiores, según informó la cadena CNN.
Una victoria para la agenda migratoria de Trump
El fallo del Supremo representa la segunda victoria judicial de Trump en temas migratorios durante mayo. A principios de mes, el tribunal autorizó la eliminación del estatus de protección temporal para migrantes venezolanos, otro programa que facilitaba su permanencia legal en el país. En este contexto, la reciente decisión refuerza la capacidad del gobierno para desmantelar iniciativas migratorias previas.
El programa afectado permitía a personas de los cuatro países mencionados solicitar su ingreso legal a Estados Unidos desde el extranjero. Tras su aprobación, los beneficiarios podían residir y trabajar en el país bajo un estatus protegido. La cancelación de esta medida podría derivar en la expulsión de más de medio millón de personas, según estimaciones oficiales.
Obstáculos judiciales en tribunal
Inicialmente, un juez federal de Massachusetts bloqueó la decisión de la Administración Trump, argumentando que la eliminación del programa requería una evaluación individual de cada caso y no podía aplicarse de manera masiva. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, elevó una apelación al Tribunal Supremo, que ahora ha dado luz verde para avanzar con la medida, aunque el litigio seguirá su curso en tribunales inferiores.
Esta resolución ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten sobre las consecuencias humanitarias de la deportación de cientos de miles de personas a países con inestabilidad política y económica. Por su parte, la Administración sostiene que la medida busca reforzar el control migratorio y priorizar la seguridad nacional.
Políticas migratorias
La decisión se enmarca en un entorno de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.Trump ha promovido iniciativas para limitar los beneficios migratorios, incluyendo la agilización de deportaciones y la reducción de programas de protección humanitaria. Estas acciones han polarizado la opinión pública, con sectores a favor que argumentan la necesidad de regular la inmigración.
Asimismo, el fallo del Supremo refleja el papel clave que el poder judicial desempeña en la implementación de políticas migratorias. La resolución actual podría sentar un precedente para futuras decisiones sobre programas similares, afectando a miles de personas que buscan protección en Estados Unidos.
Implicaciones a futuro
Aunque el Tribunal Supremo ha respaldado la postura de la Administración, el proceso no concluye con esta decisión. Los tribunales inferiores aún deben pronunciarse sobre los detalles de la implementación, lo que podría retrasar o modificar el alcance de la medida. Mientras tanto, el gobierno de Trump continúa trabajando en otras iniciativas para reforzar las políticas migratorias. Aquellas decisiones incluyen revisiones a los procesos de asilo y la ampliación de recursos para la vigilancia fronteriza.
La cancelación del programa de protección humanitaria marca un punto de inflexión en la política migratoria. Además de que incluye implicaciones significativas para los migrantes y las relaciones bilaterales con los países afectados. Las próximas semanas serán clave para determinar cómo se aplicará esta medida y cuáles serán sus efectos en las comunidades migrantes.
