Daniel Salcedo fue trasladado durante la madrugada del 9 de junio de 2026 desde la Cárcel 4 de Quito hasta la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, luego de que las autoridades penitenciarias recibieran información reservada sobre un supuesto plan para atentar contra su vida. El cambio de centro de privación de libertad se produjo por razones de seguridad, según documentación emitida por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Salcedo cumple condenas que superan los 34 años de prisión por casos de corrupción en el sistema público de salud y justicia. Además, mantiene la condición de colaborador eficaz y testigo protegido en investigaciones vinculadas con el caso Magnicidio FV, que indaga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
De acuerdo con un informe técnico de viabilidad de traslado, elaborado por autoridades penitenciarias, una "alerta de información reservada" advirtió que el privado de libertad representaba un riesgo alto para la seguridad institucional y para el orden interno y externo de la Cárcel 4. Por esa razón se recomendó un traslado urgente para evitar posibles hechos violentos.
Defensa cuestiona la medida
El pedido de traslado fue firmado por Renato Montenegro, subdirector de Protección y Seguridad Penitenciaria del SNAI. La medida se ejecutó en un contexto marcado por amenazas relacionadas con el proceso judicial que investiga el crimen de Villavicencio.
Sin embargo, la defensa de Salcedo expresó preocupación por la decisión. El abogado Renato Montero señaló que existe información sobre una persona que habría sido vinculada a un supuesto intento de introducir cianuro en el centro penitenciario para afectar a su cliente. "En esta situación de Daniel Salcedo finalmente lo que nos confunde es que hay una persona que dice que le han solicitado ingresar cianuro al centro de privación de libertad para ponerle en la comida a Daniel", afirmó Montero.
El defensor agregó que la inquietud aumenta porque la persona que habría realizado esa denuncia también habría sido trasladada junto con Salcedo. Por ello, considera que las acciones adoptadas por el SNAI deben guardar relación con el nivel de riesgo identificado.
Caso Magnicidio y proceso judicial
El traslado ocurre pocos días después de que el juez penal de Pichincha Geovanny Freire suspendiera la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso Magnicidio FV. Entre los procesados constan el exministro José Serrano, el empresario Xavier Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y varios presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos.
Las defensas solicitaron que se incorporen al expediente resultados de asistencias penales internacionales enviadas a Estados Unidos, España y Colombia. Según los abogados, esa información sería relevante para sustentar sus argumentos en la siguiente etapa procesal. Por esa razón, el magistrado dispuso que los documentos pendientes sean agregados al expediente hasta el 18 de junio. Luego fijó para el 19 de junio, a las 09:00, la reinstalación de la diligencia.
Antecedentes de seguridad
La defensa recordó que Daniel Salcedo fue víctima de un ataque dentro de una cárcel de Riobamba en junio de 2025. En ese hecho también resultó herido su hermano Noé Salcedo, quien recibió múltiples puñaladas.
Tras ese atentado, ambos fueron trasladados a la Cárcel 4 de Quito. Ahora, según información conocida por la defensa, Noé Salcedo y el exagente policial Ronal Herrera, también testigo protegido en el caso Magnicidio, habrían sido llevados a la Cárcel del Encuentro el mismo 9 de junio.
Montero sostiene que la medida genera preocupación debido a que en ese centro penitenciario permanecen personas vinculadas al proceso por el asesinato de Villavicencio. Entre ellas constan Carlos Angulo, alias Invisible, condenado como autor material del crimen, así como Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, procesados como presuntos autores intelectuales.
Ante este escenario, la defensa analiza presentar recursos para impugnar el traslado y evaluar la continuidad del acuerdo de cooperación eficaz que mantiene Daniel Salcedo con la justicia ecuatoriana.
