El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió este miércoles 11 de junio del 2025, con una mayoría de seis de sus once jueces, endurecer la regulación de las plataformas de redes sociales, exigiendo que empresas como Meta, X y Microsoft asuman una responsabilidad proactiva en la eliminación de contenidos ilegales. La medida, que modifica el Marco Civil de Internet de 2014, busca combatir la desinformación y el discurso de odio. En un contexto marcado por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado en 2022.
La nueva regulación cambia la norma actual, que solo responsabiliza a las plataformas por contenido ilícito tras un mandato judicial. Ahora, estas empresas deberán monitorear y retirar proactivamente contenido considerado ilegal, alineándose con modelos regulatorios como los de la Unión Europea. La decisión responde a la creciente preocupación por el papel de las redes sociales en la difusión de noticias falsas. Especialmente tras los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro irrumpieron en el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal en Brasilia.
Contexto judicial y político
El fallo ocurre en paralelo al juicio contra Bolsonaro y sus ex colaboradores, acusados de usar redes sociales para propagar desinformación y justificar acciones violentas tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. El juez Alexandre de Moraes, figura clave en el combate a la desinformación, ha liderado medidas controvertidas, como el bloqueo de la red social X en Brasil en agosto de 2024. Esto, tras la negativa de su propietario, Elon Musk, a eliminar cuentas dedicadas a noticias falsas. La plataforma fue reactivada tras 40 días, cuando Musk acató las órdenes judiciales.
La decisión del Supremo ha generado críticas. El juez André Mendonça, único en votar por mantener el statu quo, defendió la libertad de expresión, argumentando que las redes permiten exigir responsabilidades a instituciones y élites políticas. Críticos temen que el monitoreo proactivo pueda limitar el discurso legítimo, un debate que el presidente del Supremo, Luis Roberto Barroso. Este reconoció al señalar que aún falta definir los mecanismos de implementación para equilibrar regulación y libertad de expresión.
Repercusiones internacionales
El fallo también tiene implicaciones globales. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha considerado sanciones contra Moraes. Acusado por el entorno de Bolsonaro de “perseguir” al ex presidente. El secretario de Estado, Marco Rubio, mencionó posibles restricciones de visado para funcionarios extranjeros que, según él, censuren a ciudadanos estadounidenses. Estas tensiones destacan la dimensión internacional del debate sobre la regulación de plataformas digitales.
Impacto y próximos pasos en Brasil
El cambio regulatorio podría ser ajustado por el Congreso Nacional, que tiene la facultad de promulgar leyes que modifiquen o revoquen la decisión del Supremo. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2024, el 81% de los brasileños usaban redes sociales, lo que subraya la relevancia de esta regulación. La fiscalía estima que las plataformas fueron fundamentales para coordinar los disturbios de 2023, lo que refuerza la urgencia de medidas más estrictas.
El Supremo Tribunal Federal continuará deliberando sobre los detalles de la implementación, mientras el debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas sigue dividiendo opiniones en Brasil y más allá.
