Sebastián Yunda es liberado en Argentina, pero sí será extraditado



Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito Jorge Yunda y buscado por asociación ilícita, fue dejado en libertad condicional por la Justicia argentina en tanto se procesa una petición de extradición presentada por Ecuador.

“Tras retenerle sus documentos personales, incluido el pasaporte, la justicia argentina dejó en libertad bajo caución juratoria a Sebastián Yunda, quien debe cumplir varias exigencias, como no ausentarse de su domicilio por más de 48 horas y presentarse ante el juez cada 7 días”, informó hoy el Ministerio de Gobierno de Ecuador por redes sociales.

Ecuador solicitó en noviembre pasado el arresto de Yunda a través de la Interpol, que lo ubicó en Buenos Aires y lo detuvo el pasado miércoles.

La Justicia ecuatoriana está tramitando su extradición y prevé que llegue al país dentro de “algunas semanas”, según un comunicado hace dos días.

Sobre Yunda, buscado desde octubre pasado, pesa una orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita, que habría cometido con otras siete personas en un caso de presunta corrupción en el Municipio mientras su padre se desempeñaba como alcalde.

En el proceso se conocieron investigaciones fiscales que dieron con información de posible corrupción en los chats de su teléfono.

El pasado 11 de octubre, tras haber viajado a Bolivia, el juez Máximo Ortega revocó la medida de presentación periódica y prohibición de salida del país y en su lugar le impuso la prisión preventiva, por incumplimiento de medidas alternativas.

Lo que quiere decir que tras ser extraditado, deberá ingresar en prisión en Ecuador.

El caso de Sebastián Yunda se desarrolló en paralelo a una saga en el Municipio que llevó a la alternancia como alcalde este año entre su padre, Jorge Yunda, y su lugarteniente Santiago Guarderas, que ahora ha vuelto al sillón de burgomaestre.

La remoción del exalcalde se produjo a raíz del inicio de un juicio contra él y otras 13 personas más por el presunto delito de peculado por la compra irregular de pruebas para detectar la covid-19 en 2020. EFE



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