La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) ha tomado cartas en el asunto frente a las denuncias ciudadanas sobre el incremento injustificado en el precio de las mascarillas y otros insumos médicos. Esta acción se produce luego de que los ministerios de Salud y Educación implementaran una medida obligatoria que exige el uso de mascarillas por un lapso de 60 días en las instituciones educativas de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Guayas. La disposición ministerial responde a la alerta epidemiológica vigente en estas provincias debido a la presencia de fiebre amarilla y tosferina, enfermedades que han generado preocupación en la población.

La ciudadanía se ha manifestado ante la especulación y los precios elevados no solo de mascarillas, sino también de otros productos cruciales para la higiene y la prevención, como el alcohol y el gel antibacterial. Esta situación ha motivado la intervención de la Superintendencia, que busca garantizar un mercado justo y evitar prácticas que perjudiquen a los consumidores. La entidad reguladora ha emitido un claro mensaje a los actores económicos involucrados en la cadena de suministro de estos insumos.

Venta de mascarillas: llamado a la ética empresarial

La SCE publicó un exhorto dirigido a todos los oferentes que participan en la producción, importación, distribución y comercialización de insumos sanitarios, incluyendo mascarillas. A través de este comunicado, la SCE insta a mantener una conducta empresarial ética y socialmente responsable. En el contexto de la actual coyuntura sanitaria, resulta fundamental evitar la comisión de prácticas anticompetitivas que puedan afectar el acceso a estos productos esenciales por parte de la población.

Entre las conductas que la ley sanciona y que la Superintendencia busca prevenir se encuentran el abuso de poder de mercado y los acuerdos o prácticas prohibidas. Estas acciones pueden manifestarse mediante la fijación de precios explotativos, el aumento injustificado de los márgenes de ganancia a través de la extracción indebida del excedente del consumidor y la discriminación injustificada de precios.

Participación ciudadana clave contra prácticas anticompetitivas

La entidad de control también ha hecho un llamado directo a los consumidores y usuarios de estos productos. Pide que informen a la Superintendencia sobre cualquier práctica irregular de los operadores económicos que integran la cadena de valor de este sector. Para facilitar la comunicación, la institución pone a disposición diversos canales a través de los cuales se pueden realizar las denuncias correspondientes. La colaboración activa de la población resulta esencial para detectar y sancionar a quienes busquen lucrarse de manera indebida en esta situación de emergencia sanitaria.

Para la entrega de documentación relacionada con posibles sobreprecios o prácticas anticompetitivas, los ciudadanos pueden utilizar la ventanilla virtual de la Superintendencia: www.sce.gob.ec. Asimismo, la recepción de documentos se realiza de manera presencial en las oficinas que la Superintendencia tiene habilitadas a nivel nacional.

SCE: oficinas a nivel nacional para presentar denuncias

Las oficinas de la Superintendencia donde se pueden presentar denuncias de manera presencial se encuentran estratégicamente ubicadas en varias ciudades del país.

En Quito, la dirección es avenida de los Shyris N44-93 y Río Coca, edificio Ocaña. En Guayaquil, avenida Francisco de Orellana y Justino Cornejo, sector Kennedy norte, complejo inmobiliario World Trade Center, torre A, local 1. La oficina en Cuenca está ubicada en la avenida México y Unidad Nacional, edificio del Gobierno Zonal 6-Senplades, piso 2.

Por otro lado, en Portoviejo, la oficina se encuentra en la avenida 15 de Abril y avenida Los Nardos, vía Santa Ana, Centro de Atención Ciudadana (CAC). En el caso de Loja, la dirección es avenida Cuxibamba 01-89 entre Tena y Ancón, edificio Imperio.

Colaboración interinstitucional para la transparencia del mercado

Además, la Superintendencia también se dirigió a las instituciones públicas, enfatizando su rol crucial en la vigilancia del mercado de insumos sanitarios. La entidad de control solicitó a las instituciones públicas que remitan toda la información pertinente sobre las prácticas realizadas por los operadores económicos que integran la cadena de valor de este sector. El objetivo de esta colaboración interinstitucional es identificar cualquier acción destinada a afectar el bienestar general de los consumidores.