El robo de cable eléctrico volvió a impactar a Manta y dejó sin servicio a varios sectores urbanos durante la tarde del lunes, según informó personal técnico de CNEL Manabí.
La interrupción afectó zonas como la calle 12, calle 18, avenida 36 y sectores aledaños, donde vecinos reportaron fallas repentinas en el suministro eléctrico. Los equipos de mantenimiento iniciaron recorridos en el alimentador principal para localizar el punto exacto del daño y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
La inspección técnica permitió identificar el problema en el sector del puente 4 de Noviembre, donde el cable apantallado que abastece a varios barrios fue sustraído. Este tipo de cable cumple una función clave en la distribución de energía, por lo que su pérdida genera fallas prolongadas y riesgos operativos en la red eléctrica urbana.
Un ingeniero de CNEL confirmó que cuadrillas especializadas trabajan en el sitio para restablecer el suministro y minimizar los efectos del corte en la población afectada.
El robo de infraestructura eléctrica se ha convertido en una amenaza constante para los servicios públicos. En Manabí, CNEL ha reportado incidentes similares en los últimos años, con especial incidencia en sectores urbanos.
Un delito que golpea la economía
En Manta, sectores como Tarqui han registrado robos reiterados en los últimos años, con afectaciones directas a zonas comerciales y residenciales. Pero este no es un problema que solo afecte a esta ciudad o a Manabí.
A nivel nacional, las pérdidas no técnicas asociadas al robo de infraestructura y energía eléctrica alcanzaron alrededor de 240 millones de dólares en 2023, según estimaciones del sector. La Unidad de Negocio Manabí de CNEL aportó cerca de 44 millones de dólares en pérdidas, lo que refleja la magnitud del problema en la provincia. El alto valor del cobre en el mercado informal es uno de los principales factores que impulsan estos delitos, muchas veces ejecutados con maniobras peligrosas sobre redes energizadas.
Desde el punto de vista legal, el robo de bienes públicos está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP, artículo 189) y contempla penas privativas de libertad de 7 a 10 años. Si el delito es cometido por servidores públicos responsables de la administración de dichos bienes, la pena aumenta de 10 a 13 años.
