El caso Reconstrucción de Manabí se dilató nuevamente este viernes por un viaje del abogado de Jorge Glas, mientras Interpol rechazó capturar a Carlos Bernal.
El caso Reconstrucción de Manabí enfrentó un nuevo retraso este viernes 7 de marzo de 2025 en Quito, cuando el abogado de Jorge Glas pidió diferir la audiencia preparatoria de juicio, reprogramada por el juez para el 10 de marzo, debido a un viaje laboral del defensor.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) debía reinstalar la audiencia contra nueve procesados, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, pero su abogado presentó un pasaje aéreo como prueba de su ausencia.
Ante esto el juez, tras recordar que la diligencia se ha pospuesto múltiples veces, la fijó para el lunes 10 de marzo y urgió a las partes a actuar con «lealtad procesal». Además de Glas, están imputados el exministro Walter Solís, refugiado en México desde 2021, y Carlos Bernal, exsecretario de Reconstrucción, prófugo en Miami.
Glas sigue en la cárcel La Roca
El pasado martes 4 de marzo de 2025, Interpol rechazó la solicitud de notificación roja para Bernal, presentada por Ecuador hace más de un año. La organización argumentó que no cumple con los estándares de la Declaración Universal de Derechos Humanos, eliminó el pedido y lo clasificó como confidencial, sin dar más detalles. Esto complica la extradición de Bernal para enfrentar cargos por peculado.
Glas, detenido en la cárcel La Roca desde abril de 2024, cumple condenas por los casos Odebrecht y Sobornos. En este tercer proceso, la Fiscalía lo acusa de malversar fondos tras el terremoto de 16 de abril de 2016, con epicentro en Pedernales, provincia de Manabí.
El exvicepresidente solicitó recientemente un traslado a un hospital psiquiátrico, aún sin resolución. Solís, con estatus de refugiado en México, también evade la justicia ecuatoriana, según las autoridades.
Investigan supuesto desvío de recursos económicos
El caso Reconstrucción de Manabí investiga el supuesto desvío de fondos destinados a la recuperación de Manabí y Esmeraldas tras el sismo de 2016. La Fiscalía alega que los procesados priorizaron proyectos no esenciales, beneficiando a allegados.
Redacción El Diario
