El expresidente de Ecuador, Rafael Correa se pronunció este martes sobre las siete preguntas de la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa, programada para el 14 de diciembre de 2025. En un mensaje difundido en su cuenta de X, Correa expresó su oposición a cuatro de las propuestas, calificándolas como ineficaces para resolver la crisis nacional. A otras dos indicó que deberían ser analizadas por el anexo de las mismas. Solo respaldó una pregunta, relacionada con el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional.
Críticas a la soberanía y al financiamiento político
Correa rechazó la primera pregunta, que propone eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. “De dignidad también viven los pueblos”, afirmó, recordando la salida de la base de Manta durante su gobierno. Argumentó que países como Colombia, con siete bases, no han resuelto sus problemas de violencia. «Nunca nos fue mejor que después de la salida de la base de Manta, pero la derecha es especialista para destruir y luego vendernos sus «soluciones»», exclamó.
Sobre la segunda pregunta, que elimina el financiamiento estatal a partidos políticos, el expresidente alertó que convertirá a las organizaciones políticas en “haciendas bananeras o sucursales bancarias”. Propuso, en cambio, un control más estricto del financiamiento electoral.
Tiene que desvincular también al que le redacta los tuits😉
Respuestas a las «preguntas»:
1.- NO. De dignidad también viven los pueblos, y es obvio que la solución no son las bases militares. Colombia tiene 7. Nunca nos fue mejor que después de la salida de la base de Manta,… https://t.co/rjJc0kktH2— Rafael Correa (@MashiRafael) August 5, 2025
En la tercera pregunta, referente a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Correa advirtió que transferir sus funciones a la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría es “volver al pasado”. Calificó la propuesta como un “puro amarre” y señaló que el problema radica en la falta de “individuos virtuosos” en las instituciones, no en su diseño.
Sobre la reducción del número de asambleístas y la reforma del sistema electoral, expresó que habría que revisar el “anexo” de la pregunta, que según él, podría ocultar una “trampa” de Noboa, aunque consideró la representación de la Asamblea actual como “razonable”.
Rechazo a la contratación por horas y los casinos
La quinta pregunta, que plantea permitir la contratación por horas en el sector turístico, también recibió un “no” de Correa. La calificó como una “explotación disfrazada” y señaló a la Corporación Noboa, vinculada al presidente, como una de las principales beneficiarias en el pasado.
En cuanto a la autorización de casinos en hoteles de cinco estrellas, con un tributo del 25% para combatir la desnutrición infantil, Correa fue contundente: “Es la mejor forma de lavar dinero”. Advirtió que, junto a la dolarización, esta medida agravaría los problemas de lavado de activos. Además, destacó que la ludopatía es una adicción comparable al alcoholismo o las drogas.
La única pregunta respaldada por Correa fue la sexta, que permite someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político. Argumentó que la actual Corte, desde su reestructuración bajo el “Trujillato”, ha perdido legitimidad. Sin embargo, insistió en que sin “individuos virtuosos” ninguna institución funcionará adecuadamente, calificando la medida como un “mal menor”.
Correa sobre la gestión del Gobierno
Al finalizar su pronunciamiento, Correa ciriticó de manera directa al Gobierno de Noboa, lo describió como “inepto y corrupto”. Además, afirmó que las preguntas no resolverán la crisis nacional y que algunas, como las relacionadas con el financiamiento político y los casinos, podrían empeorarla. “La tragedia nacional no es por leyes o institucionalidad, sino por malos gobiernos”, aseguró. Instó a los ciudadanos a usar la consulta como una oportunidad para dar un “no rotundo” a la administración actual.
La consulta popular, la segunda impulsada por Noboa tras la de abril de 2024, busca abordar temas de seguridad, austeridad y gobernabilidad. Sin embargo, enfrenta un camino complejo. La Corte Constitucional debe aprobar las siete preguntas, y el Consejo Nacional Electoral tiene 60 días para organizar el proceso, con un costo estimado de entre 55 y 60 millones de dólares.
