Ecuador ahorra más de cuatro millones de dólares al año con la deportación de presos colombianos, afirmó el ministro del Interior, John Reimberg, en entrevista con Teleamazonas. El proceso de deportación alcanza ya a más de 800 reclusos, cerca del objetivo previsto de 1.000. Esta medida contribuye significativamente a reducir los costos que el país asumía por mantener a estos reos en su sistema penitenciario.
El ministro Reimberg explicó que esta acción representa un ahorro considerable para Ecuador. La colaboración con el Gobierno colombiano permite el transporte de los presos hacia sus ciudades de origen en Colombia, lo que facilita la logística del proceso. Además, Ecuador mantiene un grupo militar y policial en la frontera para garantizar la seguridad y evitar el reingreso de estos deportados.
Deportación de presos y seguridad fronteriza
El Gobierno ecuatoriano aplica una norma que prohíbe el ingreso a Ecuador de los presos deportados durante los próximos 40 años. Esta prohibición se establece en la Ley de Integridad Pública, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en junio de 2025.
De esta forma, Ecuador busca proteger su seguridad nacional frente a la criminalidad que genera parte de esta población penitenciaria extranjera.
Reimberg también adelantó que se analiza la posibilidad de aplicar esta medida a presos pertenecientes a otras nacionalidades.
Actualmente, Ecuador cuenta con aproximadamente 2.200 extranjeros en sus prisiones, de los cuales no todos son deportables, ya que la norma no afecta a quienes tienen condenas por delitos graves.
Tensión diplomática entre Ecuador y Colombia
El proceso de deportación generó tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia. La canciller colombiana expresó una “enérgica protesta” por considerar la acción como unilateral e inamistosa.
Según Colombia, Ecuador inició las deportaciones sin un protocolo diseñado, impidiendo la identificación plena de los deportados y la verificación de su situación jurídica, lo cual va en contra del Derecho Internacional.
Por su parte, la Cancillería de Ecuador refutó estas acusaciones, asegurando que se respeta el debido proceso mediante resoluciones individuales emitidas por autoridades judiciales. También informó que comunicó oficialmente a la representación colombiana sobre los procesos individuales desde el 8 de julio, garantizando transparencia y legalidad en el procedimiento.
Contexto de seguridad
Las prisiones en Ecuador representan uno de los focos centrales de violencia criminal, un problema que ha elevado al país al primer lugar en homicidios en Latinoamérica. Ante esta crisis, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno para combatir a las bandas criminales, catalogadas como “terroristas”. El año anterior, ordenó la repatriación de presos extranjeros, siendo la mayoría de nacionalidades colombiana y venezolana, con un total de unos 3.200 deportados hasta ahora.
Esta estrategia busca mitigar la inseguridad relacionada con el sistema penitenciario y el aumento de la violencia urbana, protegiendo así a la población ecuatoriana. (07)
