Javier Alexander D. L., fue procesado por presuntamente por el robo de un teléfono celular a un adolescente de 15 años, estudiante de secundaria, mediante intimidación con un arma blanca. El hecho ocurrió la tarde del 28 de abril de 2026, alrededor de las 13:30, en el sector de Jipijapa, norte de Quito. La Fiscalía formuló cargos y el Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva.

Según la teoría del caso, el ahora procesado amenazó al menor con causarle daño e incluso provocarle la muerte si no entregaba los códigos para formatear el equipo. El adolescente fue valorado psicológicamente y presenta ansiedad elevada como secuela del robo.

Operativo de detención

La víctima fue auxiliada por un agente policial que intervino de inmediato. Durante el registro al aprehendido, este tenía en su poder dos teléfonos celulares, uno de los cuales fue reconocido por el estudiante como de su propiedad.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscal presentó la versión del adolescente, la del padre del joven y el testimonio del agente aprehensor. Estos elementos, junto con la pericia psicológica, sustentaron la solicitud de prisión preventiva, acogida por el juez conforme al artículo 534 del COIP.

Afectación sicológica

La perita que valoró al menor concluyó que presenta ansiedad elevada relacionada directamente con el hecho delictivo. Recomendó valoración psicológica complementaria para superar las secuelas. El joven expresó temor a posibles represalias cerca de su establecimiento educativo.

El juez concedió medidas de protección a favor de la víctima y sus familiares, según el artículo 558 del COIP. El procesado no podrá acercarse a la víctima ni ejercer actos de persecución o intimidación.

Robos en Quito

Robos con intimidación a estudiantes y transeúntes en sectores como Jipijapa siguen siendo una preocupación recurrente en el norte de Quito. Estos casos suelen ocurrir en horas de la tarde, aprovechando la salida de colegios y el movimiento urbano.

Las autoridades han intensificado operativos en zonas educativas para prevenir este tipo de delitos que afectan especialmente a la población adolescente.