El presidente Daniel Noboa, emitió mediante decreto el Reglamento a la Ley Orgánica de Integridad Pública, normativa que entró en vigencia plena tras su aprobación por la Asamblea Nacional y la refrendación del Ejecutivo. Este reglamento tiene como objetivo principal regular aspectos claves como la contratación pública y el desempeño de los servidores públicos en Ecuador. Además, incluye modificaciones a la deportación y a la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, entre otros cambios importantes. La aprobación del reglamento garantiza la implementación efectiva de la Ley de Integridad Pública en todo el territorio nacional.
La Ley de Integridad Pública establece evaluaciones periódicas y pruebas de confianza para cerca de medio millón de servidores públicos del país. El Ministerio del Trabajo ya se encuentra elaborando los lineamientos para aplicar estas pruebas, las cuales se basarán en seis parámetros definidos en la ley: cumplimiento de metas, calidad del trabajo, conducta institucional, eficiencia, responsabilidad y aportes al mejoramiento institucional. La calificación máxima será de 100 puntos, mientras que el mínimo considerado suficiente será de 51. Los servidores públicos que obtengan 50 puntos o menos podrán ser desvinculados de sus cargos, según el reglamento.
Ley de Integridad Pública: reformas vitales al sector público y privado
El reglamento incluye, además, la regulación sobre la jubilación voluntaria de los trabajadores públicos menores de 70 años. Ellos podrán acogerse a esta opción siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de seguridad social. Aunque esta disposición ya existía, se aclaró en el reglamento para evitar confusiones después de que se propusiera elevar la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años, medida que generó críticas. Esta regulación asegura mayor claridad y orden en el manejo del retiro del personal público.
En cuanto a la deportación, el reglamento destaca que si esta se presenta en el contexto de un conflicto armado interno, no será necesario que la persona afectada presente un documento de viaje para su traslado fuera del país. Esta disposición busca adecuar la normativa a situaciones excepcionales sin afectar los derechos humanos implicados en estos procesos.
Cambios en unidades financieras y demandas legales
El reglamento fija como límite máximo el 20 de septiembre de 2025 para que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera actualice las denominaciones de unidades del sistema bancario nacional. Esta medida incluye un mandato para que las cooperativas de ahorro y crédito modifiquen sus denominaciones y se transformen en bancos. Este cambio tiene gran impacto en el sector financiero, pues marcará una reestructuración importante en las entidades de ahorro y crédito popular.
No obstante, la Ley de Integridad Pública no está exenta de polémicas y enfrentamientos legales. Acumula varias demandas de presunta inconstitucionalidad. La más reciente proviene de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, que interpuso una acción contra la intención de convertir a las cooperativas en bancos. Estas demandas han generado un debate jurídico y político en torno al alcance y las implicaciones de esta ley.
