Policía desarticula banda delictiva en La Libertad; concejal entre los detenidos

Un operativo policial en La Libertad dejó cuatro detenidos, entre ellos un concejal, tras investigaciones por presunta vinculación con una organización delictiva.

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Concejal de La Libertad detenido en operativo policial contra organización delictiva
Concejal de La Libertad detenido en operativo policial contra organización delictiva
Concejal de La Libertad detenido en operativo policial contra organización delictiva
Concejal de La Libertad detenido en operativo policial contra organización delictiva

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó el Operativo Cero Impunidad 1213 en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, logrando la detención de cuatro personas, entre ellas Luis Alfredo M. G., actual concejal del cantón, por su presunta implicación en actividades delictivas investigadas desde semanas atrás.

Operativo coordinado en zona costera

La intervención tuvo lugar la madrugada del 26 de mayo, luego de una serie de investigaciones lideradas por la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. El operativo se desarrolló en diversos puntos estratégicos de La Libertad, como parte de una serie de acciones enmarcadas en el plan Cero Impunidad.

Los agentes policiales allanaron al menos cinco inmuebles, logrando incautar evidencia relevante como armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y documentación que estaría relacionada con posibles delitos como asociación ilícita, extorsión y enriquecimiento ilícito.

Según información oficial, los aprehendidos forman parte de una estructura que operaba en la provincia costera, presuntamente dedicada a actividades delictivas vinculadas a redes criminales de mayor alcance.

Funcionarios bajo investigación

Entre los detenidos se encuentra Luis Alfredo M. G., concejal en funciones del cantón La Libertad, quien fue trasladado bajo custodia a una unidad judicial para la respectiva formulación de cargos. La Fiscalía informó que el funcionario será procesado bajo el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con delitos cometidos por servidores públicos.

El Ministerio del Interior confirmó que se encuentra recabando información adicional que permita determinar el grado de responsabilidad del concejal y su posible rol dentro de la organización. De momento, no se han emitido declaraciones oficiales del Municipio de La Libertad.

Los otros tres detenidos, cuyas identidades no han sido reveladas por motivos de reserva legal, también enfrentan procesos por delitos relacionados a la delincuencia organizada.

Antecedentes del operativo y el concejal detenido en La Libertad

El Operativo Cero Impunidad forma parte de una estrategia nacional impulsada por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, que ha tenido un repunte significativo en varias provincias del país, especialmente en zonas costeras.

Santa Elena ha sido catalogada como zona prioritaria en la lucha contra organizaciones criminales, debido a su cercanía con rutas de tráfico ilegal y su incremento en los índices de delitos violentos en los últimos meses.

Según cifras oficiales, en lo que va de 2025, la provincia ha registrado más de 220 detenciones relacionadas con redes delictivas, así como la incautación de 65 armas de fuego y más de 300 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización.

Proceso judicial en curso

Las autoridades confirmaron que se encuentran en fase de instrucción fiscal. El concejal y los demás implicados serán presentados ante un juez en las próximas horas para la audiencia de calificación de flagrancia y posibles medidas cautelares.

Se prevé que el proceso continúe con nuevas diligencias, incluidos peritajes a los objetos incautados y análisis de movimientos financieros. De comprobarse su participación, los involucrados podrían enfrentar penas privativas de libertad de hasta 10 años, dependiendo de la figura penal que determine el juez.

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