La violencia asociada al crimen organizado en Ecuador ha tenido un impacto directo y creciente sobre los operadores de justicia, según revela el Segundo Informe sobre las Condiciones de Seguridad de Operadores de Justicia, elaborado por el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ). El documento advierte que jueces, fiscales y funcionarios judiciales enfrentan un escenario de riesgo estructural que compromete tanto su integridad personal como la independencia del sistema judicial.

El informe se enmarca en un contexto nacional marcado por niveles históricos de violencia. Durante 2025, Ecuador registró 9.101 homicidios, la cifra más alta de su historia reciente, situándose entre los países con mayor criminalidad a escala global. En este escenario, los operadores de justicia se han convertido en objetivos estratégicos de organizaciones delictivas que buscan garantizar la impunidad de sus actividades mediante amenazas, atentados y presiones directas, resalta el informe.

Entre 2020 y 2025, el ODJ documentó 40 atentados contra operadores de justicia, que incluyen el asesinato de 12 fiscales, tres jueces y varios funcionarios judiciales, además de intentos de homicidio y ataques armados a dependencias judiciales. El informe señala que muchos de estos hechos ocurrieron cuando las víctimas no contaban con resguardo policial, pese a haber recibido amenazas previas o encontrarse en casos de alto riesgo.

Operadores de justicia con poca protección

El diagnóstico identifica graves deficiencias en la infraestructura judicial. La mayoría de edificios no fueron diseñados para funciones jurisdiccionales y carecen de controles de acceso adecuados, detectores de metales, salidas de emergencia funcionales y separación entre áreas públicas y zonas restringidas. Esta situación expone a jueces y funcionarios a agresiones directas, incluso inmediatamente después de audiencias sensibles.

La abogada María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, advierte sobre la falta de protocolos adecuados para proteger a jueces frente al crimen organizado y señala una respuesta estatal insuficiente ante el deterioro de la seguridad judicial en Ecuador.

Miño considera que es grave que los procesos que existen para la asignación de seguridad a los jueces son altamente discrecionales y no siguen reglas claras.

Por ejemplo, en los casos de la exdirectora provincial de Orellana y del propio juez Carlos Serrano, en algún momento se levanta sin mayor argumento esa escolta policial, precisamente cuando ellos más necesitaban ser protegidos.

María Dolores Miño - Abogada

Falta de acciones concretas

La inseguridad de los operadores de justicia se extiende más allá del lugar de trabajo. El informe detalla vulnerabilidades durante los traslados entre domicilios y juzgados, así como la exposición de datos personales en portales públicos del Estado, lo que facilita labores de seguimiento, intimidación y extorsión por parte de grupos criminales.

A ello se suma, resalta, la asignación tardía o limitada de esquemas de protección policial, que en muchos casos depende de la existencia de amenazas comprobadas y no del riesgo inherente a la función judicial

Una encuesta aplicada a 149 operadores de justicia en 23 provincias revela que el 91,16% manifiesta preocupación constante por su seguridad y el 65,31% afirma haber recibido amenazas. Además, el 27,89 % reconoce haber dudado antes de tomar decisiones judiciales por temor a represalias, lo que evidencia un impacto directo sobre la independencia judicial.

"Muchas veces no hay guardias, escoltas suficientes dentro de estos edificios. En fin, hay un panorama en general de inseguridad y esto dicho por los propios jueces que sienten que la situación se ha deteriorado de manera grave, pero que la respuesta del estado para contrarrestar aquello no ha sido suficiente, destacó Miño.

Evidentemente en esta situación de precariedad y de abandono estatal entran las bandas y seducen de alguna manera a los operadores de justicia más frágiles y los cooptan.

María Dolores Miño - Abogada

El informe concluye que la falta de políticas preventivas, infraestructura adecuada y esquemas de protección sostenidos profundiza la vulnerabilidad de quienes administran justicia, en un contexto donde el fortalecimiento del sistema judicial resulta clave para enfrentar al crimen organizado en el país.