La asambleísta por Pichincha, Inés Alarcón, presentó un proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de la Función Legislativa para establecer sanciones claras contra la violencia de género en la Asamblea Nacional. La iniciativa busca garantizar un entorno laboral seguro, justo y equitativo, promoviendo transparencia en los procesos administrativos y disciplinarios del Parlamento. Esta reforma responde a la necesidad de abordar una problemática que afecta al 65% de las mujeres en el país, según datos oficiales.
El proyecto surge en un contexto donde Ecuador enfrenta altas tasas de violencia de género, con 65 de cada 100 mujeres afectadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta cifra posiciona al país como uno de los más violentos de la región en este ámbito, lo que subraya la urgencia de medidas concretas desde el Estado.
Un paso hacia la transparencia legislativa
La reforma propone establecer procedimientos claros para sancionar actos de violencia de género, eliminando las barreras que dificultan las denuncias. En el ámbito legislativo, se han registrado casos que no han recibido respuestas adecuadas, lo que limita los derechos de las víctimas. La normativa busca transparentar los procesos internos, garantizando que las faltas cometidas por autoridades o funcionarios sean investigadas y sancionadas.
Además, la iniciativa promueve un entorno institucional basado en el respeto, la equidad y la legalidad. Según Alarcón, la reforma no solo protege a las víctimas, sino que también fortalece la credibilidad de la Asamblea como institución democrática.
Desigualdad en la política
La participación política de las mujeres en Ecuador enfrenta obstáculos estructurales, como la violencia sistemática y el limitado acceso a espacios de liderazgo. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), solo el 38% de los escaños en la Asamblea están ocupados por mujeres, a pesar de los avances en paridad de género. Factores como la falta de educación y las restricciones al empoderamiento femenino contribuyen a esta brecha.
Por otro lado, la reforma también aborda la necesidad de transparentar los procesos administrativos en el Parlamento. La falta de claridad en el manejo de faltas disciplinarias ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad de la institución.
Impacto esperado de la normativa
El proyecto de Alarcón representa un esfuerzo por alinear la labor legislativa con los principios de equidad y justicia. Organizaciones de derechos humanos, como la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, han respaldado la iniciativa, destacando su importancia para combatir la violencia de género en espacios de poder. Sin embargo, el proyecto aún debe pasar por un proceso de debate y aprobación en el Pleno de la Asamblea, donde se espera un análisis exhaustivo.
km
