Argentina prohíbe tratamientos y cirugías de cambio de sexo en menores de edad.
El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió prohibir los tratamientos y cirugías de cambio de sexo en menores de edad. Esto se da apenas cuatro días después de una masiva manifestación en protesta por las declaraciones del mandatario contra la comunidad LGBTQ.
Milei alegó que «la ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil». En este sentido, hizo hincapié en que «los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles. En muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental».
El anuncio, en línea con decisiones similares de su homólogo estadounidense, Donald Trump, se realizó a través de un comunicado de la Presidencia argentina. En este se destaca que su gabinete busca «terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley». Así como «poner fin al abuso infantil apañado en una agenda de género y terminar con las avivadas de los delincuentes».
Otras disposiciones en Argentina por cambios de sexo
En este sentido, informó de que «decretará que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo. Esto para evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra».
«Ningún hombre que haya solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito podrá ingresar en las cárceles de mujeres si recibió condena por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres, ni en caso de que la evaluación penitenciaria lo determine», agregó.
Este anuncio tuvo lugar después de que Buenos Aires anunciara la próxima salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por las «profundas discrepancias». Esto como parte de la gestión de la pandemia de COVID-19 y en aras de la «soberanía» nacional en temas sanitarios. También siguiendo la línea marcada por Trump en Estados Unidos.
