El Ministerio del Interior de Ecuador anunció el inicio de la construcción de una nueva cárcel con capacidad para 15.000 personas privadas de la libertad (PPL) en 2026. El ministro John Reimberg realizó el anuncio durante una entrevista en medios públicos, indicando que las obras comenzarán entre marzo y abril. 

Según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), actualmente hay 36 454 PPL en el país, frente a una capacidad instalada de 27 138 plazas. Esto representa un déficit de 8 316 cupos y un nivel de hacinamiento del 30,64 %.

La nueva infraestructura eliminaría este hacinamiento, dejando una capacidad adicional de aproximadamente 6.700 personas. Sin embargo, proyecciones oficiales estiman un incremento anual de hasta 3.000 nuevos reos, lo que limitaría la efectividad de la nueva cárcel a unos tres años.

Importancia para la seguridad y críticas al sistema judicial

El ministro Reimberg enfatizó la importancia de esta obra para mejorar el sistema penitenciario ecuatoriano, que enfrenta desafíos crónicos de sobrecarga. En el contexto de seguridad, informó que hasta el 24 de enero de 2026 se registraron 3 857 aprehensiones a escala nacional.

No obstante, cuestionó al sistema judicial por la liberación de varios detenidos, reiterando la necesidad de un fortalecimiento integral de la Función Judicial para complementar las acciones del Ejecutivo.

Esta iniciativa se enmarca en esfuerzos gubernamentales por reformar el sector carcelario, que ha sido afectado por incidentes de violencia y escapes en años recientes. El anuncio responde a demandas de organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad, quienes destacan la urgencia de infraestructura moderna para garantizar condiciones humanitarias y rehabilitación efectiva.

Perspectivas futuras y contexto nacional

De concretarse, la nueva cárcel podría impactar positivamente en la gestión penitenciaria, aunque expertos advierten sobre la necesidad de medidas preventivas para controlar el crecimiento de la población reclusa. El Ministerio del Interior no proporcionó detalles sobre el presupuesto o financiamiento, pero se espera más información en los próximos días.