La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional votará este martes 27 de mayo del 2025 el informe para el primer debate del proyecto económico urgente presentado por el presidente Daniel Noboa, enfocado en desactivar la economía criminal. La iniciativa, que busca implementar medidas económicas y penales para combatir el crimen organizado, será discutida por el Pleno de la Asamblea el viernes 30 de mayo del 2025, a las 09h00, permitiendo a los asambleístas realizar aportes antes de que regrese a la comisión para su revisión final.
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, de la bancada oficialista ADN, aseguró que el informe incluirá todas las observaciones respaldadas por los miembros de la mesa legislativa. “Nos comprometemos a que ese primer informe va a contener todas las observaciones que han sido ingresadas. Siempre que tengan el apoyo de los miembros de la comisión”, afirmó Centeno. La legisladora destacó que el proyecto promueve la solidaridad nacional para fortalecer a las fuerzas del orden. Incluyendo una medida que permitirá a las empresas donar hasta el 30% de su Impuesto a la Renta para equipamiento y tecnología policial.
Medidas económicas y penales propuestas
El proyecto de Noboa combina reformas económicas y penales para enfrentar la creciente influencia del crimen organizado en Ecuador. Entre las propuestas económicas destaca la posibilidad de que empresas destinen una parte de su Impuesto a la Renta a financiar recursos para las fuerzas del orden, mejorando su capacidad operativa. En el ámbito penal, la iniciativa plantea un régimen diferenciado para combatir la delincuencia organizada. Distinta de la delincuencia común, según explicó el abogado constitucionalista Stalin Raza durante su comparecencia ante la comisión el 26 de mayo.
Raza defendió la urgencia del proyecto, afirmando que “no hay cosa más urgente que erradicar las economías criminales”. También respaldó la ejecución de allanamientos sin orden judicial en ciertos casos, una práctica que ya contempla el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en cinco de sus siete causales. Sin embargo, sugirió modular la propuesta de detenciones con fines investigativos sin orden judicial. Estas, solicitadas únicamente por el Bloque de Seguridad, y cuestionó la creación de jueces especiales para el conflicto armado interno. Proponiendo que los jueces anticorrupción existentes asuman estas funciones con garantías de seguridad.
Críticas y ajustes al proyecto
El abogado penalista Felipe Rodríguez, en la misma sesión, calificó de “fundamental” incluir en el COIP el delito de pertenencia a organizaciones delictivas, lo que facilitaría a los fiscales probar la participación en redes criminales sin centrarse en actos preparatorios. Rodríguez también propuso cambiar el término “detención” por “aprehensión” y mantener el plazo de 48 horas en lugar de reducirlo a 24, como se plantea.
Sin embargo, expresó preocupación por la propuesta de prohibir medidas sustitutivas a la prisión preventiva para delitos relacionados con el conflicto armado interno, considerándola inconstitucional, ya que esta medida debe ser excepcional y no general. Rodríguez rechazó las críticas que tildan al proyecto de “dictatorial”, argumentando que la inseguridad en Ecuador requiere medidas excepcionales. No obstante, instó a los legisladores a revisar cuidadosamente las disposiciones para garantizar su constitucionalidad y eficacia.
Próximos pasos legislativos
Ecuador enfrenta un aumento en la actividad del crimen organizado, con el narcotráfico y el lavado de activos afectando la economía y la seguridad ciudadana. En 2024, el gobierno de Noboa implementó estados de excepción para combatir la violencia, y este proyecto busca complementar esas acciones con reformas legales. Según el Banco Central del Ecuador, las economías criminales han impactado la estabilidad financiera, lo que subraya la relevancia de la iniciativa.
Tras la votación del informe el 27 de mayo, el proyecto pasará al Pleno de la Asamblea para su primer debate el 30 de mayo. Los aportes de los asambleístas serán incorporados antes de que el documento regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para su revisión final. La urgencia del proyecto, según la Constitución ecuatoriana, exige su aprobación o rechazo dentro de 30 días, lo que acelerará el proceso legislativo para abordar uno de los principales desafíos del país.
