El asambleísta por Carchi, Cristian Andrés Benavides Fuentes, advirtió en abril de 2026, desde Tulcán, Ecuador, que los aranceles de hasta el 100% afectan economía fronteriza.
El legislador señaló que sectores como transporte pesado, comercio exterior y trabajadores aduaneros han mantenido reuniones tras la imposición de aranceles del 30% y 100%.
Indicó que estos grupos han solicitado la derogatoria de las medidas debido a afectaciones económicas directas en la frontera norte del país.
Explicó que el Gobierno ha justificado la decisión por motivos de seguridad ante el incremento de presencia de grupos irregulares en zonas limítrofes, como en la provincia de Carchi.
Seguridad y economía: un equilibrio en debate
Benavides reconoció problemas de seguridad en la frontera con Colombia, incluyendo presencia de grupos vinculados al crimen organizado transnacional.
Señaló que existen operativos donde incluso se ha dado de baja a integrantes de estructuras irregulares en zonas cercanas a Tulcán.
No obstante, sostuvo que afectar el comercio no es la solución adecuada, considerando la fragilidad económica de la provincia desde 2015.
Pedido de diálogo directo con la ciudadanía
El asambleísta solicitó un diálogo "fraterno" entre el Gobierno y la ciudadanía, especialmente con gremios afectados por las medidas económicas.
Recalcó que el proceso debe excluir la politización y enfocarse en soluciones prácticas con participación directa de sectores productivos.
Planteó la necesidad de implementar mecanismos compensatorios para aliviar el impacto inmediato en la economía local.
Zona de desarrollo especial como solución estructural
Benavides propuso impulsar una zona de desarrollo especial, aprobada en 2021, como salida estructural para la provincia del Carchi.
Indicó que este proyecto incluye ordenanzas orientadas al desarrollo industrial y logístico en la frontera norte del país.
Destacó que se trata de una iniciativa trabajada durante más de 30 años, considerada clave para el crecimiento regional.
Falta de voluntad política y oportunidades actuales
El legislador afirmó que anteriores gobiernos no concretaron el proyecto por falta de voluntad política.
Señaló que el actual Gobierno tiene condiciones para impulsar el polo de desarrollo con apoyo institucional.
Mencionó que ministros y viceministros han mostrado apertura hacia la propuesta como solución a mediano y largo plazo.
Medidas urgentes para mitigar la crisis
Entre las acciones inmediatas, propuso habilitar el catálogo inclusivo para facilitar contrataciones públicas con proveedores locales.
Esto permitiría que sectores como el transporte pesado accedan a contratos estatales mediante el sistema de compras públicas.
También planteó créditos dirigidos a mujeres y jóvenes emprendedores en zonas fronterizas para aliviar la crisis económica.
Comercio exterior y apertura de nuevos mercados
Benavides destacó la aprobación de un acuerdo comercial con Corea que permitirá exportaciones con arancel cero en el 95% de productos.
Señaló que sectores como el lácteo podrían beneficiarse de nuevos mercados internacionales.
Indicó que este tipo de acuerdos son clave para reducir la dependencia comercial con Colombia.
Transporte pesado: uno de los sectores más afectados
El asambleísta explicó que en Carchi existen 3.000 vehículos pesados y 150 empresas de transporte.
Antes de las medidas, circulaban aproximadamente 200 vehículos diarios entre Tulcán e Ipiales.
Actualmente, esa cifra se redujo a 20 vehículos, con proyección de bajar a 3 o 4 diarios tras el arancel del 100%.
Búsqueda de alternativas logísticas
Transportistas han comenzado a explorar rutas hacia Perú y Guayaquil para mantener sus operaciones.
Sin embargo, estas opciones aún no representan una solución estable para el sector.
El legislador insistió en la necesidad de apoyo estatal específico para este grupo económico.
Crecimiento del contrabando en la frontera
Benavides advirtió que el contrabando se ha incrementado tras la imposición de aranceles.
Indicó que pasos clandestinos permiten el ingreso de productos sin pago de impuestos, beneficiando economías ilícitas.
Señaló que esta actividad está vinculada a delitos como extorsión y corrupción.
Dinámica de pasos irregulares
El cierre de puentes binacionales pequeños ha incentivado el uso de rutas ilegales.
Mencionó sectores como El Carmelo, Urbina y Tufiño, donde existía comercio legal que ahora está restringido.
Explicó que propietarios de fincas cobran entre 5 y 15 dólares por vehículo para permitir el paso clandestino.
Dificultades en control y fiscalización
El legislador indicó que el contrabando es una realidad histórica en zonas fronterizas.
Recordó que incluso durante la pandemia existían flujos ilegales de hasta 1.500 personas diarias. Señaló que el impacto real se medirá con estadísticas de detenciones y procesos judiciales.
Desde la Comisión, Benavides trabaja en reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (COTAD).
Propone que autoridades que abandonen obras heredadas enfrenten sanciones, incluyendo destitución. La medida busca evitar pérdidas económicas por proyectos inconclusos.
Reforma sobre delito de abigeato
El asambleísta impulsa un proyecto para aumentar penas por robo de ganado. La iniciativa ya fue aprobada en comisión y espera tratamiento en el Pleno.
El objetivo es proteger al sector ganadero ante el incremento de este delito.
En su rol fiscalizador, ha solicitado auditorías en federaciones deportivas por presuntas irregularidades.
También ha realizado requerimientos en el sector salud, especialmente tras despidos masivos en hospitales.
Adicionalmente, investiga el manejo de cooperativas de ahorro y crédito bajo reserva.
