La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía, ejecutó la madrugada de este viernes 11 allanamientos simultáneos en Guayas y El Oro, Esto, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada relacionada con la comercialización ilícita de diésel subsidiado. La empresa investigada, Comercializadora Industrial Fragoneri, habría revendido el combustible a consumidores no autorizados, se indicó.
11 allanamientos y múltiples indicios, según la Fiscalía
Las operaciones de allanamiento se realizaron en Guayaquil, Samborondón (Isla Mocolí), Daule, Lomas de Sargentillo y Machala. Las mismas estuvieron dirigidas a oficinas corporativas y domicilios particulares de los accionistas y exaccionistas de la empresa Fragoneri.
Durante los operativos, los agentes incautaron computadoras, teléfonos móviles y documentos físicos. Todo esto servirá como evidencia para determinar el alcance del daño financiero y las posibles responsabilidades penales.
La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción lidera esta investigación. La misma involucra a exfuncionarios de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH).
Diésel subsidiado destinado al sector camaronero fue redirigido ilegalmente
Según la Fiscalía, Fragoneri habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado, cuyo uso está regulado y asignado a sectores productivos como el camaronero. Sin embargo, este combustible fue presuntamente revendido a usuarios no autorizados. Esto, como parte de un esquema para obtener ganancias aprovechando la diferencia entre el precio subsidiado y el precio de mercado.
La transacción ilegal no solo representa un delito económico, sino también una vulneración directa a la política pública de subsidios, se indicó. Esta práctica afecta la planificación estatal y reduce los recursos disponibles para los beneficiarios legítimos.
Además, la Fiscalía detectó movimientos financieros sospechosos entre Fragoneri y compañías previamente vinculadas al caso Triple A, lo cual amplía el alcance de la investigación judicial en curso.
La Fiscalía detectó vínculos con el caso Triple A
El caso Triple A, que ya involucra a 22 procesados por comercialización ilegal de hidrocarburos, se originó tras una denuncia de la ARCH en la provincia del Guayas. Esto, por discrepancias entre el combustible despachado por Petroecuador y los volúmenes reportados por las comercializadoras.
Entre los nombres involucrados en el caso Triple A figuran empresas como Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A., Indudiesel S. A. y Harsajudi S. A. Además de personas naturales, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
La Fiscalía ha solicitado al juez competente que se llame a juicio a los acusados del caso Triple A y que se dicte prisión preventiva contra varios de ellos. La entidad considera que existen elementos suficientes para presumir responsabilidad penal en una estructura delictiva de gran escala.
Próximos pasos: análisis de pruebas y responsabilidad penal
Los peritos de la Fiscalía examinarán las evidencias obtenidas en este nuevo operativo para determinar el grado de participación de los implicados y la cuantía exacta del perjuicio económico al Estado.
Se espera que los resultados periciales permitan consolidar un expediente penal robusto, que refuerce la conexión entre Fragoneri, el caso Triple A y la posible existencia de una red coordinada de comercialización fraudulenta de combustibles.
La Fiscalía no descarta que esta red haya operado durante varios años, aprovechando vacíos de control institucional y acceso privilegiado a información sensible gracias a la participación de exfuncionarios públicos (21).
