El adolescente de 15 años que disparó contra el senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un acto de campaña el pasado 7 de junio, en Bogotá, aceptó los cargos por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.
Adolescente implicado en atentado acepta los cargos
El ataque, que conmocionó a la opinión pública y puso en alerta a las autoridades, ocurrió durante una concentración política en la capital colombiana. Miguel Uribe Turbay, actual senador y aspirante a la presidencia en las próximas elecciones, fue herido de bala y permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá.
El joven agresor, cuya identidad se mantiene en reserva por tratarse de un menor de edad, se presentó ante las autoridades y este lunes aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía: tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
La audiencia se desarrolló con acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de los protocolos establecidos para procesar a menores en conflicto con la ley penal.
Fiscalía identifica a más involucrados en el atentado contra Miguel Uribe
Durante las investigaciones, el Ministerio Público ha identificado a por lo menos diez personas involucradas en la planificación y ejecución del atentado. De ellas, seis ya enfrentan procesos judiciales, según confirmó la emisora Blu Radio. Entre los procesados se encuentra Elder José Arteaga Hernández, alias «El Costeño», señalado como presunto autor intelectual del ataque.
En paralelo, las autoridades reportaron la fuga de otro adolescente, de 17 años, quien había sido internado en un centro del ICBF tras entregarse de forma voluntaria para declarar en el caso. Su paradero es desconocido desde hace más de una semana.
Este hecho encendió las alarmas sobre la seguridad y control en los centros de rehabilitación de menores en el país, y ha generado llamados de atención por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Miguel Uribe continúa en estado crítico
Desde el atentado, el senador Uribe Turbay ha permanecido bajo cuidados médicos intensivos. Aunque no se ha emitido un parte médico detallado en las últimas horas, fuentes del Hospital Fundación Santa Fe confirmaron que su estado continúa siendo delicado pero estable.
Uribe Turbay, abogado de profesión y exsecretario de Gobierno de Bogotá, es considerado una de las figuras emergentes dentro del espectro político colombiano. Su campaña se ha enfocado en temas de seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional, lo que ha generado diversas reacciones en el contexto electoral.
El ataque ha sido ampliamente condenado por distintos sectores políticos, que han exigido una investigación profunda y garantías para los actores en contienda durante el proceso electoral.
Proceso penal de menores: ¿qué sigue?
Según la legislación colombiana, los menores de edad que cometen delitos son juzgados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el cual busca medidas restaurativas y socioeducativas antes que sanciones privativas de libertad prolongadas.
No obstante, en casos de delitos graves como el intento de homicidio, los adolescentes pueden enfrentar hasta 8 años de privación de libertad, dependiendo del fallo judicial. La Fiscalía continuará recopilando pruebas para determinar la extensión de la red implicada en el ataque y esclarecer los móviles detrás del atentado.
Seguridad electoral bajo vigilancia
El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los candidatos y la creciente participación de menores en estructuras delictivas organizadas. Diversas autoridades han solicitado un refuerzo inmediato en los esquemas de protección de líderes políticos, especialmente en contextos de campaña.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha emitido un comunicado en el que advierte sobre el aumento de incidentes violentos contra aspirantes a cargos de elección popular en Colombia, y ha instado a las autoridades a implementar medidas urgentes para garantizar un proceso democrático seguro.