La disposición del Servicio de Rentas Internas (SRI), de que todos los negocios emitan facturas electrónicas, es inconveniente para el desarrollo económico del país porque margina a muchas personas que no pueden o no quieren usar tecnología.

Quizás sea lo ideal desde la visión de un recaudador de impuestos que busca registrar todas las transacciones comerciales para así cobrar más tributos y cruzar información con miras a futuras investigaciones; pero no es lo mejor para la gente que hace negocios, en especial para los más pequeños o informales.

No se debe imponer esta obligación a los negocios ubicados en zonas rurales, con mínimo acceso al internet y a la tecnología.

«El estado debería estimular su adopción, pero no obligar su uso”.

Ni obligar a personas, generalmente mayores de edad, que no son afectas a la tecnología.

En lugar de obligar el uso de la facturación electrónica,  se debería estimular su adopción, para que así cada día más personas la acojan.
Es correcto que Ecuador explote las nuevas tecnologías existentes, pero no es correcto que sea una obligación. Se espera que esta resolución sea apelada por la vía pertinente para que quede sin efecto. 

Editorial de El Diario publicado este jueves 7 de julio del 2022 en nuestra edición impresa.