Durante el primer semestre de 2025, el Gobierno de Ecuador consolidó una estrategia de endeudamiento enfocada en organismos multilaterales, llevando el saldo total de la deuda externa de Ecuador a una cifra histórica que supera los $65 mil millones. Esta política, impulsada por la necesidad de cubrir el déficit fiscal y financiar programas sociales, reconfiguró el mapa de los principales acreedores del país, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a la cabeza de los desembolsos recientes.

Este panorama se consolidó tras la firma de un nuevo acuerdo de Facilidad Extendida con el FMI en abril de 2025, que comprometió un desembolso de $4 mil millones a lo largo de 36 meses. El primer tramo de este acuerdo, recibido en mayo, se destinó principalmente a fortalecer las reservas internacionales y a cubrir gastos corrientes del Presupuesto General del Estado. Este renovado acercamiento al financiamiento multilateral evidencia un giro estratégico para obtener condiciones más favorables en plazos y tasas de interés, en un intento por aliviar la presión sobre las finanzas públicas.

El mapa de los acreedores: El auge del financiamiento multilateral

Los organismos multilaterales se afianzaron como los principales prestamistas de Ecuador. A junio de 2025, la estructura de la deuda externa de Ecuador mostró una clara preponderancia de estas instituciones, que concentran más del 50% del total adeudado. Este grupo está liderado por el FMI, seguido de cerca por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La dependencia del financiamiento multilateral aumentó considerablemente en los últimos dos años.

El peso de China como acreedor bilateral, si bien sigue siendo significativo, experimentó una ligera disminución en términos porcentuales. Las negociaciones para reestructurar parte de la deuda con el gigante asiático, atada a preventas petroleras, continuaron sin resultados definitivos, aunque el gobierno manifestó su intención de mejorar las condiciones de pago. Por otro lado, la tenencia de bonos de deuda en los mercados internacionales se mantuvo relativamente estable, aunque con un costo de financiamiento más elevado debido a las altas tasas de riesgo país que enfrentó Ecuador a inicios de año. La estrategia de acudir a multilaterales busca, precisamente, evitar la emisión de nueva deuda en condiciones onerosas.

Analistas económicos, como Alberto Acosta Burneo en una reciente publicación, señalaron que «la disciplina fiscal exigida por el FMI es una condición necesaria para que el país recupere la confianza de los inversores». Esta visión subraya que el acceso al financiamiento multilateral no es solo una fuente de liquidez, sino también un ancla para la política económica. La gestión de la deuda externa de Ecuador se convierte así en un acto de equilibrio entre obtener recursos frescos y cumplir con estrictos programas de ajuste fiscal y reformas estructurales.

Las fuentes y el destino de los recursos de la deuda externa de Ecuador

Las fuentes de financiamiento del país se diversificaron, aunque con una marcada preferencia por los préstamos de gobierno a gobierno y de organismos internacionales. El objetivo principal de estos nuevos créditos es la estabilización macroeconómica. La llegada de fondos frescos permite al Estado cubrir brechas presupuestarias que, de otra manera, obligarían a recortes drásticos en servicios públicos o inversión, con un alto costo social y político. La correcta administración de la deuda externa de Ecuador es fundamental para su estabilidad.

Del presupuesto estatal a proyectos de inversión

La mayor parte de los desembolsos recibidos durante el último año tuvo como destino el soporte presupuestario. Según informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cerca del 60% de los nuevos créditos se utilizó para el pago de salarios del sector público, transferencias a los gobiernos locales y el financiamiento de programas de protección social. El financiamiento multilateral, en este sentido, actuó como un pilar para mantener la operatividad del Estado en un contexto de bajos ingresos petroleros y una recaudación fiscal que apenas comienza a recuperarse.

Una porción menor de los fondos se asignó a proyectos de inversión específicos, principalmente en los sectores de infraestructura vial, saneamiento ambiental y transición energética. El BID y el Banco Mundial son los principales promotores de estos créditos «atados», que buscan no solo inyectar capital, sino también promover el desarrollo sostenible y mejorar la competitividad del país a largo plazo. La transparencia en el uso de los fondos de la deuda externa de Ecuador sigue siendo un desafío y una demanda ciudadana constante.

La distribución de los desembolsos más recientes, según datos oficiales, incluyó:

• Apoyo directo al Presupuesto General del Estado.
• Financiamiento del programa de bonos de desarrollo humano.
• Inversión en la red de transmisión eléctrica nacional.
• Proyectos de agua potable y alcantarillado en municipios medianos.
• Fortalecimiento de la red de salud pública primaria.
• Programas de digitalización de servicios gubernamentales.
• Financiamiento para la seguridad y equipamiento de la fuerza pública.

El desafío para el gobierno ecuatoriano consiste en asegurar que este nuevo ciclo de endeudamiento no se convierta en una carga insostenible para las futuras generaciones. La canalización de los recursos hacia la inversión productiva que genere crecimiento económico es vista por expertos como la única salida viable para mejorar la capacidad de pago del país. Sin un crecimiento robusto, el ciclo de buscar nuevo financiamiento multilateral para pagar deudas antiguas podría perpetuarse, limitando las opciones de desarrollo futuro.

La evolución de la balanza de pagos y el desempeño de las exportaciones no petroleras serán factores clave que determinarán la capacidad del país para honrar sus compromisos. La actual estrategia de endeudamiento, si bien proporciona un alivio a corto plazo, pone de manifiesto la fragilidad estructural de la economía y la necesidad urgente de reformas que impulsen la productividad y atraigan inversión extranjera directa, reduciendo así la dependencia del crédito externo para su funcionamiento.